Ocho personas de Afganistán, Ucrania y Nicaragua que llegaron a los Estados Unidos a través de los programas de parole humanitario del gobierno de Biden, junto con el grupo de defensa Haitian Bridge Alliance, presentaron una demanda federal en Boston contra la administración del presidente Donald Trump por terminar con el parole humanitario.
Los beneficiarios de los programas federales que permitieron a los migrantes, incluidos muchos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, llegar a los Estados Unidos, con los caminos legales que les permitieron a ellos y a cientos de miles de personas más vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos,decidieron dar la batalla legal en contra de la disposición, según informó El Nuevo Herald.
Los programas en cuestión son Uniting for Ukraine, que procesó a 200,000 ucranianos desplazados por la guerra con Rusia; el programa de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que permitió la entrada a unas 600,000 personas que huían de crisis, y la Operación Allies Welcome, que permitió la entrada de 75,000 afganos después de la retirada de las tropas estadounidenses de su país en 2021.
También fueron nombrados como demandantes tres ciudadanos estadounidenses que patrocinaban a inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a través de estos programas.
“Cada uno de estos individuos confió en que el gobierno de los Estados Unidos los ayudaría a protegerse del daño. Cada uno de ellos esperó, incluso en medio de la guerra activa y la persecución, para ingresar a los Estados Unidos hasta que tuvieran una vía legal para hacerlo”, dice la demanda presentada el 28 de febrero.
En medio de avalancha de demandas
La demanda se presenta en medio de una avalancha de desafíos legales contra la administración Trump por poner fin a la ayuda migratoria para cientos de miles de migrantes que ya se encuentran en los Estados Unidos.
El lunes, tres organizaciones, junto con dos migrantes haitianos y dos venezolanos, también demandaron a Trump por poner fin a las protecciones temporales de deportación para Venezuela y restringirlas para Haití.
Los demandantes en el caso del programa de parole humanitario argumentan que desmantelar los programas es ilegal, causa daños sustanciales y va en contra de principios humanitarios básicos. También argumentan que la interpretación de Trump sobre el poder ejecutivo en relación con el parole humanitario —que Biden usó para crear los programas— se aparta de la práctica de presidentes anteriores, que han utilizado la autoridad para responder a crisis migratorias.
La demanda solicita que el juez declare que los programas son legales y ordene a las autoridades migratorias reanudar el procesamiento de solicitudes a través de estos programas. La jueza de distrito de Estados Unidos, Indira Talwani, quien fue nombrada por el presidente Barack Obama, está presidiendo el caso.