El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el jueves un paquete de proyectos de ley que es catalogado como el más restrictivo en materia de inmigración en los Estados Unidos. El paquete legislativo incluye medidas severas, como la pena de muerte para inmigrantes acusados de delitos capitales, lo cual ha sido cuestionado por su posible inconstitucionalidad y podría derivar en disputas judiciales.
El paquete legislativo fue aprobado en su mayoría con votos a lo largo de líneas partidistas, luego de intensas negociaciones entre la oficina del gobernador, los legisladores estatales y la Casa Blanca. Este conjunto de leyes destina recursos significativos a la aplicación de medidas más estrictas contra los inmigrantes en situación irregular, marcando un giro radical en la política migratoria del estado.
“Aquí estamos de nuevo, haciendo todo lo posible para poner fin a la crisis de inmigración ilegal en este país de una vez y por todas”, declaró DeSantis antes de la firma el jueves 13 de enero.
Los defensores de la ley argumentan que son necesarias para frenar la inmigración irregular, mientras que los opositores denuncian que atentan contra los derechos humanos y la justicia.
Esta nueva legislación representa un cambio significativo en el enfoque de Florida hacia la inmigración irregular y ha generado un debate a nivel nacional sobre los derechos de los inmigrantes y el papel de los estados en la aplicación de las leyes federales de migración.
Algunos puntos clave de la ley
1. Criminalización del voto de los no ciudadanos
- Se tipifica como delito grave de tercer grado que un no ciudadano vote en una elección.
- No se aceptará la defensa basada en ignorancia o error sobre el estatus migratorio.
- Quienes ayuden o soliciten a un no ciudadano votar con conocimiento de su estatus también cometerán un delito grave.
2. Restringe documentos de identificación y licencias de conducir
- Se prohíbe la emisión de licencias de conducir o tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados.
- Solo se aceptarán documentos que cumplan con la Ley REAL ID.
- Se redefine el término «pasaporte válido» para excluir documentos sin autorización federal sobre presencia legal en EE.UU.
- Los ciudadanos naturalizados deberán actualizar sus documentos en un plazo de 30 días tras su cambio de estatus.
3. Endurece penas para inmigrantes indocumentados
- Se crea la categoría de «delincuente peligroso no autorizado» para indocumentados miembros de pandillas criminales que cometan delitos en Florida.
- Se imponen penas más severas:
- Cadena perpetua para delitos graves punibles con dicha sentencia.
- 30 años de prisión para delitos graves de primer grado.
- 15 años para delitos de segundo grado.
- 5 años para delitos de tercer grado.
- Se aumenta la severidad de las penas cuando el delito es cometido por un inmigrante sin autorización.
4. Reglas más estrictas sobre detención y fianza
- El estatus migratorio será un factor determinante al otorgar fianza a acusados de delitos graves.
- Los inmigrantes no autorizados arrestados por delitos violentos no podrán ser liberados antes de su primera audiencia.
- Si en la audiencia inicial se confirma que el acusado es indocumentado, se asumirá un alto riesgo de fuga y se ordenará la detención sin fianza, salvo prueba en contrario.
- Se obliga a los sheriffs a compartir información sobre el estatus migratorio de los detenidos con agencias federales.
5. Crea la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración
- Se establece la Junta Estatal dentro del Departamento de Policía de Florida (FDLE) como el principal órgano estatal para coordinar con el gobierno federal en temas migratorios.
- Supervisará y aprobará acuerdos con el ICE bajo el programa 287(g), permitiendo la colaboración en detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
- Se creará un Consejo de Aplicación de la Ley de Inmigración para asesorar a la Junta y fortalecer la cooperación con agencias locales.
- La junta Estatal estará formada por el gobernador, el fiscal general del estado, el comisionado de Agricultura y el jefe de Finanzas del estado.
6. Financiamiento para la aplicación de la ley migratoria
- Se establece un Programa de Subsidios para financiar la cooperación de agencias locales con el gobierno federal.
- Se otorgarán fondos para la renta de celdas a ICE, la compra de equipos de vigilancia y la capacitación de agentes.
- Oficiales locales que colaboren con ICE podrán recibir bonificaciones de hasta $1,000.
7. Prohibe las políticas de «Ciudades Santuario»
- Se amplía la definición de «política santuario», prohibiendo cualquier medida que restrinja la colaboración con agencias federales de inmigración.
- Se exige que todas las jurisdicciones locales cumplan con órdenes de detención de ICE.
- Funcionarios que incumplan esta norma podrán enfrentar multas de hasta $5.000 y la posibilidad de suspensión del cargo por parte del gobernador.
8. Crea Programa de Transporte de Inmigrantes no Autorizados
- El programa de transporte se establece en la Oficina del Gobernador para financiar el traslado de inmigrantes indocumentados fuera del estado, bajo supervisión de ICE.
- Tendrá vigencia hasta junio de 2027.
9. Elimina exenciones de matrícula universitaria para indocumentados
- Se suprimen las exenciones de matrícula para estudiantes sin estatus legal, incluyendo beneficiarios de DACA.
- A partir del 1 de julio de 2025, se reevaluará la elegibilidad de los estudiantes que actualmente reciben este beneficio.
10. Presupuesto asignado
- Se destinan 250 millones de dólares para la implementación de la ley, incluyendo la operación de la Junta de Aplicación de la Ley de Inmigración y subsidios a agencias locales.
- Se asignan $12.5 millones en fondos recurrentes y $35.5 millones en fondos no recurrentes al Departamento de Agricultura para reforzar los controles en estaciones de inspección fronteriza.
- Se autoriza la contratación de 5 empleados adicionales en la Junta de Aplicación de la Ley de Inmigración y 84 nuevos oficiales para reforzar la seguridad fronteriza en Florida.
Los demócratas se opusieron sin éxito a la disposición que deroga la ley de Florida de 2014 que permitía a los estudiantes sin estatus legal recibir tasas de matrícula estatales en colegios y universidades estatales. La senadora demócrata Rosalind Osgood pidió a sus colegas republicanos que tuvieran en cuenta a los miles de jóvenes matriculados que, ante unos costos de matrícula mucho más elevados, podrían verse obligados a abandonar las universidades. Dijo que los legisladores deberían «mostrar algo de compasión por estos jóvenes indocumentados estudiantes”.
Los demócratas votaron en contra del paquete legal, afirmando que viola la Constitución de EEUU. Finalmente, la ley fue aprobada con 85 votos a favor y 30 en contra en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado el resultado fue de 27 votos a favor y 10 en contra.