Ante la creciente ola de homicidios que enfrenta Costa Rica, fiscales y diputados piden al gobierno del presidente Rodrigo Chaves decretar un estado de emergencia nacional por la violencia del crimen organizado en el país centroamericano.
Gilbert Jiménez Siles, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, solicitó al Poder Ejecutivo declarar una emergencia nacional por inseguridad.
Jiménez también instó al Gobierno a presentar «una agenda más robusta» en materia de seguridad para el período de Sesiones Extraordinarias que se extiende hasta el 31 de julio.
“El Gobierno tiene que saber que si no tomamos medidas extraordinarias la situación se va a agravar”, dijo.
Situación convulsa en Costa Rica
“No podemos perder más el tiempo. Todos los cuerpos policiales requieren más recursos y se necesita mayor presencia policial en todas las comunidades del país”, declaró Jiménez.
Lo mismo solicitó el fiscal general Carlos Díaz, quien en declaraciones brindadas a la prensa indicó que Costa Rica atraviesa «una situación bastante convulsa», habiendo superado los 344 homicidios en 2024.
La proyección refleja cifras similares a 2023, cuando el país alcanzó la cifra récord de 907 homicidios.
Sin embargo, la cifra podría crecer porque hay casi 400 reportes de personas desaparecidas.
El jefe de la fiscalía destacó que el trabajo en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública, si bien son uno de los mayores logros de su administración en contener los crímenes, no son suficientes.
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«No vamos ganando la guerra…»
«No vamos ganando la guerra, pero hemos logrado una contención al menos de los números en homicidios», afirmó Díaz.
Díaz resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar el crimen organizado y la violencia.
“Lo que estamos trabajando y apostando es a un trabajo en equipo, entre la Fiscalía, el OIJ, Ministerio de Seguridad Pública y demás cuerpos policiales”, explicó el fiscal general.
A pesar de los esfuerzos, Díaz reconoció la insuficiencia de recursos en el Ministerio Público, subrayando la necesidad de 292 plazas adicionales para manejar la carga de trabajo actual.
«Los recursos, como todo en el Estado, son escasos. La Fiscalía también tiene una deficiencia de personal, pero aun así los fiscales están haciendo un trabajo encomiable», añadió.
Carteles y sicarios en Costa Rica
Díaz también abordó las amenazas que enfrentan los fiscales y jueces debido a su trabajo contra el crimen organizado.
“A los fiscales los amenazan a diario. En una ocasión tuvimos información de inteligencia sobre un atentado contra un fiscal, que logramos frenar y proporcionar protección”, comentó.
Jiménez y Díaz coinciden en la urgencia de reforzar las medidas de seguridad en el país, asolado por al menos cuatro carteles y batallones de sicarios.
El diputado Jiménez llamó al Gobierno a ampliar la convocatoria de proyectos de ley que fortalezcan el marco legal y operativo contra la delincuencia.
«Es una agenda débil. Ocupamos una agenda más robusta que venga a responder a esta situación de emergencia», subrayó Jiménez.
Ambos funcionarios enfatizan la necesidad de recursos adicionales y una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad para enfrentar y mitigar la creciente criminalidad en Costa Rica.