Voz de América
Desde mediados de diciembre, cuando empezaron las protestas en Perú tras la destitución y posterior detención del expresidente Pedro Castillo, se han registrado 49 muertos y más de un millar de heridos entre civiles y policías debido a violentos enfrentamientos no vistos en décadas.
Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, quien al ser vicepresidenta de Castillo lo reemplazó en el cargo; también piden la convocatoria inmediata a elecciones, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario.
En un mensaje televisado la noche del pasado viernes, la presidenta Boluarte aseguró que no renunciará, pidió perdón por las muertes en las protestas e hizo un llamado a que se rechace la violencia.
Además, culpó a sectores extremistas que, aseguró, buscan generar el desorden y el caos con claros intereses subalternos de destruir la institucionalidad y la democracia para pretender ganar en río revuelto.
“Es como si se hubiera puesto en una esquina del cuadrilátero y ha golpeado todo lo que ha podido”, dijo a la Voz de América el analista político Enrique Castillo. “Fue un discurso de confrontación justificando la represión que ha habido y la que va a venir; entonces es un discurso que aplaude la derecha, pero que me parece que va a incendiar más las regiones”.
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Las protestas se han concentrado en el sur del país, sobre todo en las regiones andinas de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco, que tienen elevadas tasas de pobreza, según cifras oficiales.
Son regiones que históricamente han reclamado mayor presencia del Estado y donde gran parte de sus habitantes no cuenta con acceso a servicios básicos, lo que contrasta con la riqueza de su subsuelo, que atrae a gigantes de la minería. Perú es un importante productor mundial de cobre, plata, oro y estaño.
La población de esas regiones habla quechua, vive mayormente de la agricultura y del comercio, y votó mayoritariamente en las últimas elecciones por el expresidente Castillo, cuya proclama de “no más pobres en un país rico” caló en esas zonas.
Puno fue el reciente epicentro de la ola de violencia que sacude al país. Solo el lunes 9 de enero se registraron 18 muertos, entre ellos un policía calcinado, y más de 100 heridos por los choques entre los manifestantes y las fuerzas del orden.
Grupos de derechos humanos denunciaron que las fuerzas del orden utilizaron armas de fuego contra los manifestantes y arrojaron bombas de humo desde helicópteros, mientras que el gobierno afirmó que los uniformados fueron atacados con armas rudimentarias y explosivos caseros.
Durante la segunda semana de enero en otras regiones del sur hubo saqueos a comercios, incendios en casas de congresistas y ataques a un campamento minero.
“El sur siempre ha sido conflictivo, lo ha sido en otras ocasiones y en otros procesos electorales también, pero hoy día ha sido azuzado desde distintos ángulos. Creo que ha habido el tema de Perú Libre (partido de izquierda que llevó al poder a Castillo), de los sectores que apoyaban a Castillo y del otro lado también en el tema de la represión”, explicó a la VOA la analista política Giovanna Peñaflor.
“Entonces, finalmente, es una mezcla absolutamente peligrosa porque plantea que hay posiciones totalmente enfrentadas, hay una división que ha hecho evidente que hay que solucionar en el corto plazo”, agregó.
La presidenta Boluarte tuvo que conformar de nuevo su gabinete tras la renuncia de los ministros de Trabajo, la Mujer y el Interior debido a las muertes en las protestas, mientras que la Fiscalía de la Nación anunció que abrirá una investigación contra la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola, por los fallecidos.
Las protestas no cesaron el fin de semana en el sur del país y aunque no hubo reportes de enfrentamientos con las fuerzas del orden, sí ocurrieron bloqueos de importantes carreteras. Además, cientos de manifestantes de regiones continuaron llegando en caravanas para lo que denominan “la toma de Lima”, a la que sienten distante de sus demandas y necesidades, según sus proclamas.
Para el gobierno, parte de las movilizaciones están siendo financiadas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y la minería ilegal, y ha denunciado que hay azuzadores profesionales detrás de las protestas violentas.
La propia Boluarte dijo días atrás que ya no se está entendiendo qué están pidiendo los manifestantes porque ya hay un anuncio de adelanto de elecciones, que está en la cancha del Parlamento ahora. También indicó que no puede cerrar el Congreso como piden los manifestantes porque sería ilegal, e instalar una Asamblea Constituyente requiere de tiempo del que no cuenta.
Tampoco, dijo, depende de ella la liberación de Castillo, preso mientras se le investiga por rebelión y conspiración.
Como parte de las medidas para tratar de desarticular las protestas, Perú prohibió la entrada al país del expresidente boliviano Evo Morales y ocho personas de su entorno considerados operadores políticos.
Evo reconoció en sus redes sociales que viajaba a Perú para impulsar la celebración de una Asamblea Constituyente y con ello cambiar la Constitución e incluso pidió la refundación del Estado peruano.
Posibles desenlaces
Con las protestas boyantes, la aprobación del gobierno y del Congreso por los suelos (un 71 % desaprueba la gestión de Boluarte y un 88 % la del Parlamento, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos) y los precios de los productos de primera necesidad en alza, hay poco margen de acción para Dina Boluarte, según los analistas consultados por la VOA.
“Creo que el gobierno está pintado en la pared, está prisionero, no puede hacer nada. Prisionero de parte del Congreso, está aislado ¿A quién representa hoy día el gobierno? Está prisionero de quienes en este momento ejercen el control, el orden público, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, y está prisionero de las otras fuerzas políticas, porque Dina Boluarte no tiene a nadie, está sola ¿A quién representa ella?”, opinó la analista Peñaflor.
Por otro lado, “nuevas elecciones tampoco son la panacea, pero son un camino a disminuir la crisis, no hay otra forma”, añadió.
En diciembre, el gobierno de Boluarte presentó un proyecto al Congreso para adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, pero hasta el momento los legisladores no han mostrado interés en acelerar los trámites para aprobar la reforma constitucional y recortar su mandato y el del Ejecutivo.
“El Congreso debería ratificar ya las elecciones adelantadas y todavía no lo ha hecho y en la medida que no lo haga crean un escenario tipo síndrome de Castillo: que crean que pueden hacer lo que les da la gana y quieran ´bypassear´ el tema de las elecciones adelantadas y creo que es como echar gasolina al fuego y eso sería un conflicto social mayor”, dijo la analista.