La Unidad Nacional Azul y Blanco, envió una carta al presidente del Banco Mundial, David R Malpass, en la cual le exhorta que ante la petición de recursos de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para enfrentar a l Covid19, se empleen medidas para asegurar que la ayuda que se otorgue se use con transparencia y para los fines requeridos.
La misiva que hace énfasis en la manera irresponsable que la dictadura ha manejado el tema del Coronavirus, incluso contraviniendo recomendaciones de la OPS y la OMS; y hasta ha promovido actos masivos cómo marchas, ferias y eventos deportivos, pide que cualquier apoyo debe condicionarse a la liberación de los secuestrados políticos y el respeto a las libertades públicas que significa acabar con la represión.
“Conociendo que el Gobierno de Nicaragua ha solicitado fondos al Banco Mundial, para la primera fase de proyectos del Programa Estratégico de Preparación y Respuesta a la COVID-19, queremos compartirles nuestra extrema preocupación por la forma en que hasta hoy este Gobierno ha manejado la emergencia sanitaria en nuestro país, y por nuestros fundados te- mores de que fondos provenientes de la cooperación internacional puedan no ser, nuevamente, utilizados adecuadamente”, dice la carta.
“Esperamos que se apliquen mecanismos contra su desvío hacia otros fines, en forma disimulada o bajo subterfugios, o para ser usada con criterios políticos o con fines de premiar o castigar a sus clientelas según sus lealtades al Gobierno”, dice la carta.
Proponen entonces que dichas condicionalidades se enfaticen en:
Respeto a los Derechos Humanos, es que el Gobierno libere de inmediato a los presos y la presa política, cese el acoso y la represión a la ciudadanía y el restablezca las libertades públicas consagradas en nuestra Constitución.
Reafirmar que el acceso a la salud es un derecho constitucional que no acepta ningún tipo de discriminación, especialmente, en las actuales condiciones de Nicaragua, ninguna discriminación contra personas críticas al gobierno.
Cualquier contrato de asistencia financiera el Banco deberá asegurarse del uso transparente de la misma, realzando su derecho de llevar la debida diligencia en la supervisión de su ejecución.
“Esta rendición de cuentas deberá ser certificada por una instancia supervisora del Banco, que deberá informar mensualmente acerca de la ejecutoria de los proyectos ante una instancia observadora local con representantes de la entidad ejecutora, el supervisor o auditor social del Banco y al menos dos representantes de organizaciones profesionales de la sociedad civil nicaragüense”.
Además la información del supervisor del Banco deberá fluir periódicamente, con detalles, desde un sitio web de acceso público, para contrarrestar temores de desvío de fondos hacia el financiamiento de actividades represivas o de programas sociales politizados.
Otro elemento que señalan es que previo al primer desembolso el Gobierno de Nicaragua debería hacer pública su estrategia la pandemia, que incluya las principales recomendaciones de la OMS/OPS para la detección temprana de contagios, reducción de la tasa de transmisión, disposición de sus mejores capacidades para el tratamiento de casos confirmados y –muy en primer lugar– para la protección del personal sanitario.
Igualmente deberán decretarse medidas inmediatas para reducir concentraciones humanas, así como la suspensión, total o parcial, de clases en escuelas y universidades, según corresponda en cada etapa de la crisis.
“Esta estrategia deberá incluir la participación de diversos actores sociales en la concer- tación de políticas públicas de prevención, educación y promoción de la participación ciudadana en la contención y manejo de esta crisis sanitaria”.
