Managua, 30 sep (EFE).- El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), Michael Healy, criticó este miércoles la Ley Especial de Ciberdelitos propuesta por el oficialismo y afirmó que este tipo de normas pueden «parar la inversión» y agudizar «el quiebre de empresas» y la pobreza».
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional envió este miércoles a tres comisiones, incluida la de Asuntos Jurídicos, la denominada Ley de Ciberdelitos, una iniciativa que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado.
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«Hoy por estar mandando un chat o un (mensaje en) WhatsApp podés caer hasta preso (…). Este tipo de leyes no se deberían estar dando este país», dijo Healy en teleconferencia de prensa.
La iniciativa, según el texto, contempla 25 definiciones de ciberdelitos referidos al fraude informático, espionaje, violación a la seguridad, violación y hurto de los medios informáticos y manipulación de los mismos, transferencia de información pública y propagación de noticias falsas, entre otros.
Para Healy, esa propuesta, más el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, también promovida por los sandinistas, causará que los inversionistas abandonen el país.
«Van a terminar yéndose de este país y parar la inversión. Esto viene a agudizar el quiebre de empresas, el empleo… más pobreza», pronosticó.
Este miércoles el Cosep también emitió un comunicado en el que definió la Ley de Ciberdelitos como parte de la «retórica» del régimen, para «justificar la instrumentalización de los poderes del Estado para implementar mecanismos de control y represión contra los ciudadanos y los movimientos sociales y políticos de oposición», con el fin de «regular todos los medios de información electrónicos».
La misma «deja en evidencia nuevamente su verdadero objetivo político partidario, de acallar y reprimir a quienes se le oponen cívicamente», alertó el Cosep.
En ese sentido, Healy expresó sus dudas sobre que el verdadero espíritu de la Ley Especial de Ciberdelitos sea proteger la seguridad nacional.
«Esta ley está dirigida prácticamente» ante «los cambios que estamos pidiendo los nicaragüenses en las reformas electorales, los acuerdos firmados en 2019, y buscar una solución a la crisis sociopolítica, socioeconómica y sociopandémica, que estamos viviendo», consideró.
En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde entonces el país vive también una difícil situación económica, que se agudizó con la pandemia de la COVID-19.
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