El sanguinario régimen de Nicaragua ha concedido una nueva licencia minera a la empresa china Xinxin Linze Minería Group, S.A., elevando a tres las autorizaciones otorgadas a dicha compañía en lo que va del año.
Estas concesiones, en condiciones preferenciales, cubren más de 42.000 hectáreas destinadas a la explotación de recursos minerales en diversas regiones del país.
La reciente autorización abarca el lote denominado Río Dorado, que se extiende por 3.628,71 hectáreas en el municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí.
Según la certificación emitida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), publicada este martes en el diario oficial La Gaceta, la licencia «contempla el aprovechamiento de minerales metálicos».
Lea: Sanciones a negocios del oro de la dictadura Ortega-Murillo afectan a mineras chinas
Mineras chinas con trato preferencial
La solicitud fue presentada el 9 de abril de 2024 por Edward Xiang Liu, representante de Xinxin Linze y empresario de nacionalidad china.
Antes, la oprobiosa dictadura nicaragüense había asignado a Xinxin Linze la concesión del lote Caribe, que cubre 2.091 hectáreas en el municipio de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el pasado 17 de junio.
Asimismo, en abril de 2024, se otorgó el lote Nuevo Bijagual, que comprende 36.610,1 hectáreas en los municipios de Siuna y Mulukukú, también en el Caribe Norte.
Las empresas Zhong Fu Development S.A., Nicaraguan XinXin Linze Minera Group y Thomas Metal S.A., todas de origen chino, han sido beneficiadas discrecionalmente con concesiones mineras durante el último año.
Lea: Más empresas chinas premiadas por dictadores con concesiones mineras
Concesiones en medio de sanciones y negocios sucios
De acuerdo a los registros publicados en el Diario Oficial La Gaceta y los datos del MEM, las concesiones entregadas a empresas chinas suman más de 271.000 hectáreas.
Estas acciones ocurren en un contexto de crecientes sanciones por parte de Estados Unidos hacia empresas mineras vinculadas a la familia Ortega-Murillo, las cuales han sido acusadas de lavar dinero y de corrupción en el lucrativo negocio del oro.
La comunidad internacional observa con creciente preocupación las implicaciones de estas concesiones mineras, en un país ya afectado por la corrupción y el autoritarismo.