El jefe de relaciones públicas y exteriores del Ejército de Daniel Ortega negó las acusaciones que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en involucrarlo en la violenta represión en contra de manifestantes opositores desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en contra de la dictadura sandinista y por haberse negado a desarmar a civiles armados, conocidos como paramilitares.
El Ejército de Daniel Ortega, por medio del Coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la oficina de relaciones públicas y exteriores del órgano castrense, reaccionó a los señalamientos que hizo esta semana el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en implicar a las Fuerzas Armadas nicaragüenses en “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas contra ciudadanos opositores”.
Según Blinken, los paramilitares, civiles no uniformados, enmascarados y armados que reprimieron, actuaron bajo la protección y “en coordinación con las fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el directo control del gobierno”. Además añadió que el Ejército de Nicaragua no veló por la seguridad y protección delos ciudadanos.
En una entrevista por medio de una llamada telefónica al diario La Prensa, Álvaro Rivas Castillo, Jefe de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército, rechazó los señalamientos que hace Estados Unidos en contra de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, mismas que nacieron del sandinismo tras la derrota de la guardia nacional y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979.
“Rechazamos toda campaña de desprestigio en contra de nuestra institución, tratando de desvirtuar nuestro quehacer institucional, esos señalamientos son desde fuentes no creíbles, que bajo oscuros intereses sistemáticamente hacen acusaciones infundadas sobre nuestras misiones de resguardo, protección y seguridad de nuestro suelo patrio, donde no permitimos, ni permitiremos jamás que nuestras leyes sean violentadas ni por extranjeros y ni nacionales”, dijo el representante del Ejército a La Prensa.
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Ejército plegado a política del sandinismo
En 2007, año en el que retornó Daniel Ortega al poder tras aprovecharse de la división de la oposición, este se convirtió en jefe supremo de las Fuerzas Armadas legalmente constituidas en Nicaragua. Ese 10 de enero de ese año, Ortega les recordó a la Policía y al Ejército plegarse y recordarse de sus orígenes.
Ambas entidades nacieron del derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza, que mantuvo oprimida a Nicaragua durante más de 40 años y era necesario fundar una nueva institución para resguardar el orden público y las fronteras terrestres, marítimas y aéreas; fue así que se fundó la Policía Sandinista y el Ejército Sandinista.
En 1990, tras el triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO), liderada por Violeta Barrios de Chamorro, esta ordenó la despartidización de ambas instituciones y estar bajo el mando del Estado y del pueblo nicaragüense.
En 2019, Julio César Avilés, general y jefe del Ejército de Nicaragua en ocasión del 40 aniversario de la fundación del órgano castrense, manifestó que a su oficina y a la de sus comandantes llegaron invitaciones de parte de personas para que le dieran “un golpe de Estado” al dictador Daniel Ortega.
Avilés respondió que jamás darían un “golpe de Estado” a un gobierno legítimamente constituído. “Tenemos un Ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos”, manifestó Avilés.
En la actualidad, el Ejército se ha plegado a las políticas del sandinismo, pues en cada acto público, esa organización rinde tributo a la bandera roja y negra del Frente SAndinista de Liberación Nacional y ha declarado fidelidad a Daniel Ortega.
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Sanciones contra el Ejército podrían estar listas entre mayo y junio
El experto en Gobernabilidad del Instituto Americano de las Empresas, AEI, por sus siglas en inglés, Bryan Berg, afirmó en la entrevista central del programa Café con Voz que, las fuerzas armadas deben comprender que continuar siendo parte de la arquitectura de la dictadura traerá serias consecuencias para ellos y sus finanzas.
Esas consecuencias están plasmadas en la propuesta de Ley Renacer, que pretende sancionar a instituciones o individuos que interfieran u obstruyan el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, podrían ser castigados con fuertes sanciones no solo de Estados Unidos, sino de todos los países de la Unión Europea, Canada y Latinoamérica.
“El Ejército compartió armas a personas y cometieron actos de lesa humanidad y hay varias pruebas de esto, hay varias pruebas de esto… de la conformación de varios grupos paramilitares, el Ejército es casi la misma cosa que los grupos paramilitares, en algunos casos son la misma gente. Por eso dije ante el Senado que el Ejército debe ser sancionado, porque es ilógico que esté sancionado Avilés y no el Ejército; tengo más confianza de que si hay mas sanciones, el Ejército puede estar dentro de la lista de más sanciones”, dijo Berg.
Asimismo, esa Ley busca cortar fondos de los Estados Unidos para el Ejército de Nicaragua, a la vez de los recursos que tiene el órgano castrense en la bolsa de valores del país norteamericano.
“Creo que la Ley Renacer tiene un camino a una sanción contra el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), en teoría, el fondo está altamente expuesto a las sanciones estadounidenses, esta nueva Ley Renacer tiene un camino hasta una sanción contra el IPSM o mínimo contra el Ejército”, advirtió Berg.
El IPSM, el fondo público de inversiones del Ejército, era hasta antes de la crisis de abril de 2018, uno de los grupos inversionistas con mayor rentabilidad en Nicaragua, aunque sus inversiones son manejadas en sigilo al margen del escrutinio público. A través de ese brazo financiero el Ejército Sandinista, ha logrado tener negocios en urbanizaciones, ferreterías, bancos, seguros, tiendas, supermercados, resort y centros comerciales, entre varios.
El capital del IPSM se divide entre las inversiones en el exterior (Estados Unidos y Panamá) y nacionales. Las inversiones en EE. UU. son de bajo riesgo, porque corresponden específicamente a dinero del fondo de pensiones de retiro de los afiliados. Mientras que los demás negocios son para diversificar la cartera, hacer crecer las utilidades y ofrecer más beneficios a los afiliados. Son fondos separados, que se manejan con extremo secretismo.