Un informe sobre violencia e inseguridad ciudadana en Nicaragua, reveló que el fenómeno de la violencia letal se está extendiendo hacia los centros urbanos del país.
La especialista Elvira Cuadra, estimó en el informe “2020, violencia e inseguridad en Nicaragua”, que “entre enero y diciembre de 2020, se identificaron 291 casos de asesinatos en diferentes lugares de Nicaragua, de las cuales 244 eran hombres (83.8 %); 46 eran mujeres (15.8 %) y una persona identificada como parte de la diversidad sexual (0.3 %).
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Al comparar esta información con el mismo período del 2019, cuando ocurrieron 141 casos, hay una diferencia de 123 casos; lo cual significa un incremento del 87.2 % de ocurrencia, a diferencia del año anterior donde el mayor porcentaje de casos ocurrió en las zonas rurales, durante el 2020 el 44.7 % de los asesinatos se produjeron en zonas urbanas y el restante 54.9 %, en zonas urbanas.
El informe estimó que en el transcurso del 2020, el gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, “mantuvo la política de represión y el estado de excepción de facto que ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde el 2018. Eso ha significado un cambio importante en el escenario de la seguridad en Nicaragua, en el cual, la amenaza principal proviene de la violencia política estatal. A su vez, esta violencia política se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia e inseguridad vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, así como el crimen organizado”.
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En este escenario influyen factores como los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el gobierno; la actuación de la policía que dedica sus recursos a las acciones de represión especialmente en contra de líderes de localidades y nacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general; la existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la policía; la disponibilidad de armas de fuego en manos de la policía y de los grupos paramilitares; y los indultos otorgados por el gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes.
Otros factores que también influyen en los hechos y las percepciones de inseguridad son la crisis económica que afecta al país, los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19 y en el caso de las regiones de la Costa Caribe, el efecto de los dos huracanes que asolaron a esas regiones en noviembre de 2020.