Amnistía Internacional denunció en su último informe un recrudecimiento de la represión contra las voces disidentes a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con cambios de tácticas utilizando al poder legislativo y judicial, para generar un ambiente de criminalización de las libertades y derechos humanos.
En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, es el nombre del informe en el cual, se señala que desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el régimen no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica. Agregan que las autoridades se han dedicado a erradicar, a cualquier costo, el activismo y la defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional denunció las estrategias utilizadas por las autoridades nicaragüenses que han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida. monsenor-silvio-baez-una-sociedad-que-excluye-no-tiene-futuro
En la primera táctica, Amnistía Internacional señala que el Poder Judicial es una de sus armas favoritas debido a que desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018, las autoridades han llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias, donde las fuerzas de seguridad ignoraron garantías básicas. Los detenidos son acusados sin pruebas reales de delitos comunes.
En la segunda táctica, el régimen de Daniel Ortega utiliza al Poder Legislativo o Asamblea Nacional, controlado por diputados del FSLN, el partido de Daniel Ortega, han aprobado leyes que buscan coartar el trabajo de personas y organizaciones consideradas críticas del gobierno, entre el paquete de leyes represivas está la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma constitucional que permitiría la aplicación de la sanción de cadena perpetua.
En la tercera táctica empleada se ejerce “La Muerte Civil”. El documento señala que en junio de 2019 Daniel Ortega aprobó una Ley de Amnistía, para excarcelar 104 personas detenidas por su activismo político. Sin embargo, estos ciudadanos todavía no gozan enteramente de su libertad, a pesar de estar fuera de la cárcel. Tanto ellas como sus familias sufren actos de agresión, intimidación y hostigamiento por parte de la sancionada policía sandinista, de las fuerzas parapoliciales o de redes de control local vinculadas con el gobierno
«Necesario poner alto al pisoteo de las víctimas»
“Durante casi tres años, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua. Es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas, que surgieron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido. Sin embargo, la pesadilla continúa”, añadió.
De igual manera Amnistía, indicó que organizaciones locales continúan denunciando como el gobierno utiliza al Poder Judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
Al interior de las cárceles, las personas detenidas por su activismo siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo, se lee en el informe.
«La pandemia de COVID-19 agravó los problemas históricos relacionados a las condiciones carcelarias en Nicaragua y ha generado alarma entre las familias de las personas encarceladas y organizaciones de derechos humanos preocupadas por las condiciones de las personas detenidas», señaló el organismo.
Son excarcelados, pero siguen presos
Al salir de las prisiones, indicó en el informe, la situación no mejora sustancialmente. Activistas excarcelados y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar, y continúan su activismo bajo una situación de alto riesgo para su vida y libertad.
«Las expresiones de acoso han incluido controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos, vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso», afirmó Amnistía Internacional.
En diciembre de 2020, organizaciones locales estimaban que 31 personas excarceladas fueron nuevamente detenidas y eran mantenidas privadas de su libertad por ejercer sus derechos.
El asedio a defensores de derechos humanos y periodistas
Las personas periodistas y defensoras de derechos humanos viven un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades, subrayó el informe. Para muchas, esto incluye la cancelación de sus registros legales, la incautación de sus bienes y, recientemente, la destrucción de sus instalaciones. Adicionalmente, desde octubre de 2020, el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio a derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión.
“Lo que están aprobando son instrumentos de represión para dar la forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo en contra de los derechos humanos”, dijo Vilma Nuñez, defensora de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional.
«Las constantes amenazas y hostigamiento han provocado que cientos de miles de personas, incluyendo periodistas y quienes defienden los derechos humanos, tengan que huir a otros países para resguardar su libertad y su vida. “Las opciones eran: la cárcel, el cementerio o el exilio”, explicó a Amnistía Internacional el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien ahora vive fuera de Nicaragua.
Con período electoral represión podría incrementar más
Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales programados para noviembre de 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición o crítica.
“Conseguir justicia en Nicaragua parece imposible. La comunidad internacional debe dar pasos contundentes para detener la pesadilla en la que vive la población y tomar acciones que brinden total apoyo a las todas las personas que mantienen su lucha por una Nicaragua libre de represión.
No nos detendremos en nuestra labor de denuncia hasta que el gobierno nicaragüense rinda cuentas por sus acciones y ponga un alto a las violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.
Las recomendaciones
Entre las recomendaciones que hizo Amnistía Internacional en su informe, destaca poner fin al hostigamiento de personas por razones políticas Incluyendo los ataques públicos, el asedio y la criminalización contra personas activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, derogar las leyes contrarias a los estándares internacionales, devolver a las organizaciones locales los bienes confiscados, restableciendo a su vez sus registros legales, garantizar la seguridad y la libertad de activistas excarcelados, acabar con las detenciones arbitrarias y liberar a las personas detenidas por ejercer sus derechos, fin de inmediato a la estrategia de criminalización y detención arbitraria de estudiantes y otras personas activistas, desmantelar a grupos parapoliciales, entre otras.