La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, presentó hoy un recurso de apelación en el Ministerio de Gobernación, Migob, por ser nuevamente impedida de registrarse bajo la Ley de Agentes Extranjeros. Marcos Carmona, presidente Ejecutivo del organismo dijo que existe «una mala intención» de la dictadura al no dejarlos registrarse.
La CPDH que tiene 45 años de existir, ha tenido que ir más de 15 veces en las últimas semanas para inscribirse, pero siempre les exigen información adicional. «Cada vez que venimos nos piden más información, es decir, hay un jueguito de parte del Ministerio de Gobernación y del sistema en general», dijo Carmona.
«Lo que están haciendo es asesinar a la sociedad civil de las ONG’s que no se les permite trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión», lamentó.
Afirmó que desde 2018 no les entregan la constancia de inscripción y cumplimiento porque ahora piden información «absurda» de años anteriores por lo que consideró que es una «ley aberrante».
Carla Sequeira, directiva de la CPDH, dijo que ella misma ha venido entregando cada nuevo documento y llenando los requisitos a excepción de la Constancia de Inscripción actualizada, porque desde el año 2018 el mismo Migob no se las entrega.
«Siempre nos ponen una traba, (nos piden siempre) una información adicional de lo que entregamos y lo que vemos es que no tienen la intención de darnos las constancias de inscripción ni dejarnos avanzar en el registro (de agentes extranjeros)», dijo Sequeira. dictadura-impide-que-ongs-se-inscriban-para-cumplir-con-ley-putin/
Dispuestos a dar batalla
Carmona dijo que no va a ser con la Ley Putin que la CPDH va a dejar de funcionar. «No lo hicimos en 1984 cuando el mismo Daniel Ortega mandó a saquear las oficinas de la CPDH, estuvimos 15 días cerrados y luego seguimos, y lo seguiremos haciendo con personería jurídica o sin personería», dijo.
Añadió que otro elemento que han puesto como traba son los libros contables de 2017 y los beneficiarios de los proyectos de la CPDH en ese año, algo que no entregarán porque sería ir en contra del sigilo.
Carmona dijo que han informado a los diversos organismos de derechos humanos internacionales de este accionar, que atenta contra la libertad de organización y de expresión.
La semana pasada los organismos PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, decidieron suspender su trabajo como protesta por esta ley aprobada en octubre pasado que pretende criminalizar el trabajo de los organismos de la sociedad civil.Entre las penas que establece la ley, están multas de más de medio millón de dólares, demandas judiciales y confiscación de edificios.