De acuerdo con el segundo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, las distintas formas de tortura contra los reos políticos de parte de funcionarios sandinistas, dentro de los sistemas penitenciarios son violaciones sexuales, violencia física, psicológica y choques eléctricos.
Violaciones sexuales, torturas físicas entre las que incluyen extracción de uñas, violencia verbal, psicológicas y hasta choques eléctricos, son parte del recuento de agresiones contra los reos políticos encerrados en las celdas de los sistemas penitenciarios del país.
De acuerdo con el segundo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en el período de análisis (julio-septiembre 2020) los defensores documentaron siete nuevos testimonios de víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en distintos centros de detención.
Cinco de las siete personas que dieron su testimonio, fueron detenidas nuevamente en los meses de mayo a agosto de 2020, y de estas solo dos se encuentran libres, pero con procesos judiciales abiertos. Las otras dos personas relataron actos de tortura sufridos entre 2018 y 2019.
El mismo informe destaca que todos los reos políticos han sido torturados como un castigo a su posición política, y luego de la excarcelación de algunos de los detenidos en el contexto de las protestas, han sido asediados, perseguidos, hostigados y amenazados constantemente.
En cuanto a la tortura física, de acuerdo con los defensores de derechos humanos, resaltan golpizas fuertes, fracturas de costillas, perdida de piezas dentales y lesiones en la columna.
Así mismo, el informe resalta la tortura sicológica a la que han sido sometidos los más de 100 reos políticos por parte de funcionarios de los sistemas penitenciarios, quienes acatan ordenes directamente del régimen de Daniel Ortega.
“La tortura sicológica es utilizada como mecanismo de destrucción de la autonomía y voluntad de la persona víctima, como una forma de crear en ella dolor y sufrimiento intangible, cuyos efectos son duraderos en el tiempo y disminuyen significativamente el proyecto de vida de una persona”, destaca el documento.
Régimen comete violaciones sexuales y obligan desnudez
El mismo informe de violación a los derechos humanos de los presos y presas políticas, reportó que de los nueve nuevos testimonios documentados por el Colectivo, se desprende una víctima de violación sexual, tres víctimas de desnudez forzada y una víctima de acoso sexual.
De acuerdo con el testimonio del preso político con iniciales K.A.M.M, dentro de las celdas de tortura, sujetos vestidos de civil (sin uniforme de funcionario del penitenciario), le obligaron a desnudarse.
“Entró un policía diciendo que me desnudara todo, que me quitara ese traje que llevaba, el traje azul, en ese momento entró un hombre, de civil, y me dijo, que me desnudara, que me bañara y me echara agua, me arrodillé a pedirle ayuda a Dios”, manifestó.
“El caso de acoso sexual fue en perjuicio de un familiar de la víctima B.K.A., a quien, en su casa de habitación, oficiales de policía intentaron obligar a desnudarse y se lo ordenaron varias veces. También se documentó un caso de violación sexual, el cual reviste especial gravedad puesto que fue perpetrado por el cónyuge de la víctima, en concurso con otros delitos, como son secuestro, tortura física y psicológica, y en estos últimos tuvieron participación directa agentes estatales”, cita el informe.
Altos mandos policiales identificados como torturadores
El estudio realizado por el Colectivo destaca que de las personas entrevistadas 12 son mujeres y 61 son hombres. Los departamentos de Managua, Masaya, León, Juigalpa y Matagalpa, son los que más casos de detención y tortura registran.
En estos lugares fueron denunciados por la comisión de actos de tortura cuatro comisionados generales, encabezando la lista los sancionados Ramón Avellán, subdirector de la policía sandinista, Juan Valle Valle, Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la dirección de Auxilio Judicial y el «alguacil de la muerte», Fidel Domínguez, jefe policial del departamento de León.
El mismo escrito reporta que además de las celdas de tortura de los sistemas penitenciarios del país, se cometen vejámenes en las estaciones policiales de Nicaragua. De acuerdo con el texto, se identificaron 42 casos de tortura física realizada por agentes estatales, de los cuales, 20 fueron cometidos por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como «El Chipote», le sigue La Modelo, con 14 casos, y la estación del Distrito II de la Policía Nacional con un caso. Asimismo, en siete reportajes de denuncias de torturas físicas, no se mencionó el lugar de los hechos.
Para la elaboración del informe, se consultaron 152 fuentes, de las que 47 reportajes, artículos, notas periodísticas y documentos versaban directamente sobre la temática de tortura.
CIDH demanda liberación de reos políticos
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su informe “personas privadas de libertad en Nicaragua”, publicado el 02 de diciembre de este año, demandó liberar a los 109 presos políticos que se encuentran en las cárceles, por participar o apoyar las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de abril de 2018.
Durante una entrevista al programa Esta Noche del periodista Carlos Fernando Chamorro, Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua, indicó que “el Poder Judicial ha facilitado y avalado la persecución y criminalización de los opositores, no ha habido una investigación real de las acusaciones que les hacen sin pruebas y los casos de más de 300 personas asesinadas durante las protestas sociales tampoco han sido investigados y están en la impunidad”.
El mismo informe de la CIDH revela que de 266 entrevistas directas con excarcelados políticos que fueron liberados mediante la polémica Ley de Amnistía, en todos se dieron “tratos crueles, inhumanos, y también un patrón sistemático de violencia sexual contra las mujeres”.
La relatora de la CIDH para Nicaragua también advirtió que los detenidos han sido usados “como moneda de cambio”, en las negociaciones políticas.