Varios miembros del Movimiento Renovador Sandinista, MRS y miembros de la sociedad civil, interpusieron el jueves un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros mejor conocida como “Ley Putin”, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso contra la ley que pretende perseguir y penalizar a los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales e iglesias, señala que viola los artículos 5, 15, 16, 25 numerales 1, 2 y 3, 27, 34 numeral 1, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 80, 86, 182 y 183 Cn. de la Constitución Política.
Suyen Barahona, Violeta Granera, Edmundo Jarquín, Ana Margarita Vijil, Silvia Salmerón, Julio Ricardo Hernández, Carlos Maturana y Aura Aragón, se presentaron hasta la CSJ a presentar el recurso contra la “Ley Putin”, con la que se pretende perseguir y penalizar a los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales e iglesias, así como a personas a quienes la dictadura hostiga y persigue por su actuación como opositores, impidiendo la cooperación a las comunidades necesitadas de apoyo para enfrentar la crisis actual.
Esta ley se comenzará a aplicar en el momento en que miles de familias están urgidas de apoyo por los daños sufridos por los huracanes e inundaciones. La ley les impide que haya cooperación externa para auxiliar a esas familias en la reconstrucción de sus casas, en la rehabilitación de sus siembras, reposición de su ganado y aves de corral y de sus pequeños negocios afectados por los desastres naturales.
Ley “represiva” que se denunciará internacionalmente
La ley para Suyen Barahona es “represiva” y pretende acallar las libertades de organización “en un momento crucial luego de dos huracanes que han destruido parte del país pretende acallar al pueblo de Nicaragua pero no lo va a lograr”.
Mientras Edmundo Jarquín, señaló que están siguiendo el proceso administrativo a lo interno, para luego recurrir al orden internacional.
“Luego vamos a ir a pelear en la Corte Internacional porque no se puede limitar los derechos ciudadanos con una ley injusta que criminaliza la organización y nos vuelve a los funcionarios, empleados y organizaciones agentes extranjeros quitando nuestro derecho político, no lo vamos a permitir”, dijo Jarquín.
Mientras los recurrentes estaban en las afueras de la CSJ, un grupo de uniformados de la guardia de Daniel Ortega, asediaba los alrededores en busca de intimidar, pero no lograron su objetivo.