Managua, 30 nov (EFE).- Una resolución del Gobierno de Nicaragua, para que los damnificados de los huracanes Eta e Iota reconstruyan sus casas con la madera de los árboles tumbados, podría atentar contra una de las principales zonas boscosas del país por la forma en que está concebido el sistema de explotación, según alertaron ambientalistas nicaragüenses.
Tras el paso destructivo de ambos ciclones los días 3 (Eta) y 16 (Iota) de noviembre, el régimen, a través del Instituto Nacional Forestal (Inafor), emitió una resolución para el «aprovechamiento familiar» de los árboles «en las zonas de mayor afectación».
Esto con el objetivo de que los damnificados reconstruyan sus viviendas, tradicionalmente de madera, si bien el proceso es tan engorroso que algunos temen que los beneficiarios finales sean los madereros.
Para optar al beneficio, los necesitados deberán cumplir con requisitos como la georreferenciación del área de intervención, una guía metodológica de aprovechamiento, inventario forestal, plan de reposición de 10 plantas por árboles, comprobante de inspección, aprobación de un regente forestal, entre otros, que resultan prohibitivos en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), la más pobre y menos favorecida de Nicaragua.
El representante de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, lo tiene claro: «Esto no es para que la familia que tiene al lado el árbol lo aproveche para construir su casa».
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic-SOS) coincidió en las dudas.
Según palabras de su vicepresidenta, Rosario Sáenz, «las comunidades no van a usarlos, diga lo que diga (la resolución del Inafor)».
BENEFICIO PROHIBITIVO
Para los ambientalistas, el ofrecimiento del Gobierno realmente no está dirigido a los sobrevivientes de los huracanes, sino a los grandes explotadores de madera, que ahora tienen ante sí un «pastel» de 905,031 hectáreas de cobertura forestal, ubicadas en 17 áreas protegidas, incluida la reserva de biosfera Bosawás, el Parque Nacional Cerro Saslaya y la reserva biológica marina Cayos Miskitos, según datos de la Fundación del Río.
El objetivo de fondo con respecto a la madera se muestra en que la resolución fue emitida sin establecer límites de aprovechamiento, sin definir cuántas viviendas fueron destruidas y la madera que se necesita para reconstruirlas, y permitiendo que se utilicen árboles en pie, resaltó Ruiz.
«No vemos en la resolución un diagnóstico que defina la cantidad de madera que necesitás, lo que vas a aprovechar y dónde hacerlo, estás abriendo un aprovechamiento de todas las especies sin restricción. Entonces, el bosque está expuesto al saqueo, y además les permitís el transporte de esa madera», señaló el representante de la Fundación del Río.
Otro aspecto que señaló es que el régimen no determinó el daño causado por los huracanes, lo que «agrega un nuevo tensor a las áreas protegidas que ya están bajo tensión».
Datos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) indican que entre 2010 y 2015 (estadísticas más recientes), cuatro de cada diez hectáreas de bosques perdidas ocurrieron dentro de áreas protegidas, y casi una de cada cinco hectáreas de bosques se perdieron en territorios indígenas, precisamente zonas afectadas por Eta e Iota.
CUESTIÓN DE MILLONES
Ruiz no descartó que el régimen de Daniel Ortega pretenda «revivir» la empresa maderera Alba Forestal, señalada años atrás de «sobreexplotación de bosques», ya que la resolución del Inafor está concebida para que sean las empresas madereras las que extraigan el recurso que luego venderán a los necesitados.
El ambientalista hizo el señalamiento a propósito de las sanciones económicas por corrupción y violación de los derechos humanos establecidas por Estados Unidos, Canadá y países europeos contra empresas, allegados y familiares de Ortega.
«Es una forma de obtener fondos líquidos nuevos, porque si me llegan fondos internacionales para reconstruir, puedo designar una empresa mía, como ya lo hizo con Alba Forestal y Albanisa, darle la concesión, y agarro el dinero de la ayuda humanitaria vendiendo madera», explicó.
Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua ha logrado captar 640.5 millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales, pagos de seguros por desastres y algunas donaciones, de un total de 742 millones de dólares que calcula en pérdidas por ambos ciclones.
Las diferentes corrientes opositoras han llamado a la población a «vigilar» dichos fondos.
Diversos sectores han advertido que una situación similar ocurrió en 2007 tras el paso del huracán Félix, la situación en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACN) no mejoró, y los bosques fueron «arrasados».
Por lo pronto, los ambientalistas han plantado la duda sobre el verdadero interés en los bosques del noreste de Nicaragua.