La dictadura de Daniel Ortega, ordenó a sus operadores en Wiwilí completar la toma de esa comuna ubicada en Jinotega. La municipalidad amaneció rodeada de policías, luego que, Blanca Nelis Cerna, coordinadora de bancada de concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), convocara a una sesión extraordinaria, este lunes 26 de octubre a las 9 de la mañana, pasando por encima de la secretaria del Concejo Municipal.
Según la agenda, en esta sesión, las y los concejales del FSLN presentarán y aprobarán una resolución de pérdida de condición de Alcaldesa, Vicealcalde, Secretaría Propietaria y Suplente del Consejo Municipal de Wiwilí-Jinotega e incorporarán a las personas que asumirán dichos cargos, según denunció la Alcaldía Municipal de Wiwilí de Jinotega en su página de Facebook.
El absurdo embargo
La Alcaldía de Wiwilí de Jinotega fue notificada de un embargo el 23 de abril de 2020, el cual incluía una camioneta Hilux, bienes particulares de la municipalidad por un monto de C$16,538,128.23 y la retención de las transferencias municipales para gastos corrientes. El 29 de abril, la Policía decomisó la camioneta y el 15 de mayo, la alcaldía municipal de Wiwilí, a través de una nota publicada en su página de Facebook, informó el embargo de sus cuentas por la suma de C$2,323,402.76.
El 12 de junio, la jueza local penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, además de ordenar la captura de Hernández, también dictó la “suspensión en el desempeño de su cargo como alcaldesa; una maniobra ilegal”, según la alcaldesa. El vicealcalde, Manuel Blandón, asumió como alcalde en funciones del municipio de Wiwilí de Jinotega, el 15 de junio de 2020. Pero, también fue procesado por el mismo caso. El 9 de octubre, Blandón, fue inhabilitado como alcalde en funciones por un período de dos años, que finalizará el 9 de octubre de 2022. Además, fue condenado a pagar 150 días multa, equivalente a cien mil córdobas.
La alcaldesa Hernández y el alcalde en funciones Blandón, fueron inhabilitados para ejercer sus cargos, después que fueron declarados “culpables” por el delito de desobediencia o desacato a la autoridad en perjuicio de 36 extrabajadores de la municipalidad, al no haberles pagado una indemnización de C$16,538,128.23
