La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia asegura que la nueva Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, cercena las libertades públicas, derecho a ser electo para ocupar cargos públicos y la libre cooperación internacional.
EL grupo opositor de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, rechazó y condenó la aprobación de la nueva “Ley de Agentes Extranjeros” o “Ley Putin”, misma que controla los recursos provenientes desde el exterior dirigidos a Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, bajo el argumento de que ese dinero puede ser usado para atentar contra la seguridad del Estado.
La Alianza Cívica en un comunicado señala que, la “Ley Putin” «contiene una regulación violatoria de los derechos y libertades de los nicaragüenses bajo la excusa de la no injerencia extranjera en los asuntos internos y defensa de la estabilidad económica y política del país».
El mismo escrito destaca que la nueva herramienta legal prohíbe que los partidos políticos puedan tener vinculación con otras agrupaciones políticas del exterior, violando la Constitución Política de Nicaragua y la Ley Electoral, asegura la Alianza Cívica.
“La intención de inhibir políticamente a opositores, es explícita al prohibir a los agentes obligados a no poder ser funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier naturaleza. Esto es claramente violatorio de los derechos políticos, en particular al derecho a elegir y ser electo, derecho que es afectado por una ley ordinaria, en una clara contradicción y violación al principio de jerarquía legislativa”, señala el comunicado.
La Ley aprobada con 70 votos de los diputados sandinistas al servicio de Daniel Ortega, ordena al Ministerio de Gobernación (MIGOB) ser la entidad que controle los movimientos financieros de las oenegés en Nicaragua, el motivo para el cual se utilicen los fondos y conocer si la organización fue creada para tal fin.
De ser encontrada violando la nueva Ley, el Migob gestionará la cancelación de personerías jurídicas, cierre y confiscación de los locales donde operan las oenegés.
“Esta ley introduce la definición de ‘sujetos obligados’ o ´’agentes extranjeros’ y les obliga, bajo amenaza de perder su personalidad jurídica o ser sujeto de confiscaciones, a anotarse en un registro de agentes que estará a cargo del Ministerio de Gobernación. Este ministerio deberá informar todos y cada uno de los ingresos y egresos de las personas naturales o jurídicas que se desempeñen o trabajen como agente, representante, empleado, servidor o en cualquier otra actividad en un organismo extranjero. La ley convierte al MIGOB en una central de información financiera”, dice textualmente la carta pública.
Ley Putin controlará a las personas que reciban remesas
A como está establecido en la nueva Ley de Agentes Extranjeros, las personas que reciban remesas podrán ser consideradas como Agentes Extranjeros, si así lo determina el Banco Central de Nicaragua.
La Alianza Cívica teme que a las familias de los opositores que reciben una ayuda familiar desde el exterior, el Gobierno pueda tomar represalias y confiscar el dinero que envíen como concepto de remesas.
“La ley afectará las remesas a dejar su definición en manos del Banco Central de Nicaragua. Si un familiar de un opositor envía una remesa familiar, quedará en manos de Banco Central definir si se trata en efecto de una remesa familiar o de una contribución política de parte de un agente extranjero”, indican los integrantes de la AC.
El grupo opositor que busca que Ortega salga del poder, instó al régimen sandinista a cumplir con los compromisos acordados en la segunda mesa de negociación firmados el 27 y 29 de marzo de 2019.
Esos acuerdos son el restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los 113 presos políticos, que Ortega mantiene en las celdas de torturas.
A su vez, la AC llamó a la comunidad internacional a condenar esa nueva Ley creada por Ortega para controlar a las ONG´S, medios de comunicación y movimientos opositores, quienes reciben fondos de entidades internacionales para la realización de capacitaciones, ejecución de proyectos y promoción de libertades fundamentales.