Ciudad de Panamá (16 de octubre de 2020) – La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central, Panamá y República Dominicana (OACNUDH) expresa su preocupación por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada ayer jueves 15 de octubre en la Asamblea Nacional del Estado de Nicaragua.
“Lamento que el Estado de Nicaragua no hubiera tomado en cuenta nuestras observaciones ni accedido a nuestro ofrecimiento de brindar asistencia técnica a la Asamblea Nacional con el propósito de alinear el proyecto de ley con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, declaró Alberto Brunori, Representante de la Oficina Regional, en alusión a la comunicación que envió al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 25 de septiembre.
La ley aprobada impondrá restricciones indebidas a personas naturales y jurídicas que reciban fondos provenientes del extranjero. No obstante, se hayan incorporado algunas excepciones a su ámbito de aplicación, la norma en cuestión puede comprometer la libertad de asociación, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, entre otros derechos, al contrariar una serie de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos. Asimismo, los derechos políticos podrían verse perjudicados de cara al proceso electoral de 2021.
Diferentes mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su rechazo a normas de este tipo en varias oportunidades, argumentando que podrían entre otros peligros promover la estigmatización y hostigamiento de beneficiarios de financiación extranjera. “Basar el fundamento de esta ley en la protección de la soberanía nacional no es aceptable como argumento legítimo para limitar la libertad de asociación”, recordó el Representante Brunori.
Asimismo, tomando en cuenta los antecedentes registrados en los últimos dos años, la amplitud de sus disposiciones y la formulación ambigua de parte de su contenido podrían ser utilizadas para perseguir a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos, medios de comunicación y otras voces disidentes.
La Oficina Regional de OACNUDH hace un llamado al Estado nicaragüense para modificar esta ley, así como para abstenerse de adoptar otras normas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, la Oficina reitera al Estado su disposición de brindarle asistencia en la reformulación del proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos cuya aprobación introduciría mayores restricciones al espacio democrático.
Nota de prensa OACNUDH 16-Octubre-2020