Managua, 9 oct (EFE).- Nicaragua evitó responder de forma directa a las nuevas sanciones aprobadas este viernes por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra dos altos cargos del Estado nicaragüense y una financiera manejada por los sandinistas, aunque se declaró «libre».
«Somos libres, jamás volveremos a ser esclavos», dijo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en una alocución a través de medios oficiales.
Murillo destacó además en su mensaje el tema de la dignidad.
«Sabemos que somos un pueblo digno, pueblo grande, pueblo creyente, devoto, potente», señaló, sin hacer referencia a las nuevas sanciones estadounidenses.
El Gobierno de EE.UU. sancionó este viernes a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; a Paul Oquist, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia; así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por «permitir y beneficiarse de las actividades represivas» del Ejecutivo presidido por Ortega.
Guido es una antigua guerrillera sandinista que fue subdirectora de la Policía y actualmente es la Fiscal General de la República.
Oquist es un estadounidense nacionalizado nicaragüense que ha trabajado con Ortega desde los años 1980 cuando los sandinistas gobernaron por primera vez.
En tanto, Caruna gestiona recursos de la millonaria cooperación venezolana, de los cuales hasta ahora el Gobierno de Nicaragua no ha brindado informes.
En la víspera, el Parlamento Europeo había resuelto pedir a los Estados de la Unión Europea que acuerden nuevas sanciones al Ortega, Murillo y su Gobierno, si Nicaragua aprueba dos nuevas leyes y una reforma constitucional que, según los defensores de derechos humanos, suspenderían derechos inalienables.
Estados Unidos sancionó a 25 funcionarios nicaragüenses, incluida Murillo, y tres de sus hijos, y un consuegro, que también es el director de la Policía Nacional; así como nueve instituciones o empresas ligadas a los sandinistas.
La oposición nicaragüense ha aplaudido y saludado tanto la resolución del Parlamento Europeo como las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.