La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por la pretensión del régimen sandinista en querer criminalizar la labor periodística en Nicaragua a través de la aprobación de la Ley de Ciberdelitos o «Ley Mordaza».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó su preocupación por la represión en aumento en Nicaragua contra la población en general y en especial con los periodistas independientes de este país.
La inquietud del órgano dependiente de la CIDH nace por la amenaza de aprobar la iniciativa de Ley de Ciberdelitos «Ley Mordaza» y la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua, las que según la RELE, amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas.
El 22 de septiembre se presentó la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a las personas físicas o jurídicas que reciben fondos directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras a registrarse como «agentes extranjeros». Mientras que el 28 de septiembre se introdujo el proyecto de «Ley Especial de Ciberdelitos» que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales. Ambas leyes, según la RELE, atentan contra la libertad de prensa y expresión.
Rechazan embargo y acoso judicial
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, también rechazó las amenazas de embargo en contra de Canal 12 por el orden de los 28 millones de córdobas por un arbitrario reparo fiscal a la Dirección General de Ingresos, que aduce que el medio no declaró impuestos entre 2012 y 2013; y otro por el orden de 110 millones de córdobas para canal 10, el canal de televisión más visto en Nicaragua.
A la vez, el organismo internacional observó con preocupación el aumento de las judicializaciones en contra de cinco periodistas independientes en Nicaragua, por supuestos casos de injurias y calumnias cometidos por los comunicadores.
«La CIDH y la Relatoría Especial recuerdan que el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión», dice la nota de prensa.
Según la RELE, el uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión.