San Salvador (EFE).- Miembros del Ejército de El Salvador impidieron el 21 de septiembre que un juez de instrucción realizara una diligencia de inspección en los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada como parte del proceso penal por la masacre de unos 1,000 campesinos en 1981, sin que se conozca oficialmente si fue una orden del presidente Nayib Bukele.
El juez Jorge Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, llegó hasta la instalaciones militares para intentar comenzar las inspecciones y un militar le comunicó que no podría ingresar.
«Nosotros nos vamos a retirar y al menos hemos intentado cumplir con la ley», dijo el juzgador, de acuerdo con un video divulgado por una periodista del medio local Factum, después de que el militar se negara a firmar un acta.
En otra entrada del recinto militar, los soldados también impidieron el ingreso a fiscales, delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, peritos y abogados de las víctimas, según pudo constatar Efe.
«La autoridad judicial se presentó y ha sido bloqueada, y no puede ser más que por órdenes del más alto nivel. Es lamentable», indicó el abogado de las víctimas y miembro de la organización humanitaria Cristosal David Morales.
Sostuvo que el siguiente paso es que el juez Guzmán «levante un acta formal de la negativa» y la envíe a la Fiscalía para que determine si se cometió algún delito por parte del oficial de turno, su superior inmediato y «hasta el más alto nivel».
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Efe intentó conocer, mediante un enlace de prensa con el Gobierno, si la orden de impedir el ingreso al juzgador fue del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, o del presidente Bukele.
«Desconocemos», fue la respuesta que se recibió mediante un servicio instantáneo de mensajería.
Las inspecciones para la búsqueda de documentos relacionados con la matanza, atribuida a un comando elite de la Fuerza Armada, y estaban programadas para realizarse en ocho semanas.
De acuerdo con el medio local Factum, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, intentó frenar las inspecciones mediante una petición a la Corte Suprema de Justicia en pleno, pero la misma fue rechazada.
Esta acción se dio, sin que el Gobierno haya desmentido la información, a pesar de que el mandatario se ha comprometido públicamente a colaborar con la Justicia y a entregar los archivos.
A comienzos de noviembre de 2019, Bukele se comprometió públicamente en desclasificar los archivos y sostuvo que si el juez de la causa pedía de la «A a la F», su Gobierno abriría hasta la «Z».
«Queremos que se sepa la verdad, vamos a luchar porque se sepa la verdad», dijo el mandatario después de que el juez Jorge Guzmán ordenara la entrega de documentos.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.
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