Managua, 17 sep (EFE).- Organizaciones que representan a los opositores presos señalaron este jueves que la propuesta de imponer la cadena perpetua para «crímenes de odio» en el país es una muestra de «debilidad» del régimen, en su intento por «callar» a la disidencia.
«Es una medida desesperada para tratar de callarnos, pero solo expone su debilidad, porque no logra que dejemos de denunciar», dijo a Efe Grethel Gómez, integrante de la directiva de grupos que velan por los opositores convictos, como la Organización de Víctimas de Abril (OVA), la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), Asociación de Presos Políticos Nicaragüenses (APPN) y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
Según Gómez, el régimen de Daniel Ortega pretende encerrar «para siempre» a los opositores porque, a su juicio, aparentemente las medidas tomadas hasta ahora, entre ellas las sentencias por delitos comunes, no logran intimidar a la disidencia que se mantiene en resistencia contra la dictadura.
«Independientemente de que quieran callarnos, no lo van a lograr, porque vamos a alzar la voz siempre, porque ellos («presos políticos») son los que nos inspiran. Los Ortega Murillo no están logrando lo que quieren, por eso amenazan con cadena perpetua», insistió Gómez.
En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra la dictadura de Ortega y dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Datos del grupo Monitoreo Azul y Blanco, un grupo que da seguimiento a las incidencias relacionadas con ese conflicto, indican que más de un millar de opositores han pasado por las cárceles de Nicaragua desde el estallido de la crisis, de los cuales 94 se mantenían en prisión hasta inicios de la presente semana.
Ortega afirmó esta semana que, tras haber emitido una amnistía para la excarcelación de más de 600 opositores en 2019, una vez instaurada la cadena perpetua no haría tal concesión.
El dictador confirmó que está promoviendo aplicar la cadena perpetua para los «crímenes de odio» y «crímenes mayores», lo que implicaría reformar la Constitución.
Aunque el establecimiento de la cadena perpetua en Nicaragua requiere un proceso lento, que incluye la mencionada reforma a la Constitución, consultas y la aprobación del 70 % de dos legislaturas en la Asamblea Nacional, varios sectores lo dan por hecho, debido a que los sandinistas controlan todos los poderes del Estado.
«Creemos que detrás de esta reforma a la Constitución, que busca establecer la cadena perpetua, que lo va a hacer (…), está detrás cercenar y violentar los derechos constitucionales y de libertades públicas de los nicaragüenses», consideró esta semana el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.
A pesar del rechazo del régimen a los señalamientos, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, indicó esta semana que la crisis de derechos humanos continúa en Nicaragua y que ahora afecta también a la respuesta de la dictadura a pandemia.
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