Las autoridades nicaragüenses deben liberar de inmediato los bienes del medio audiovisual independiente Nicavisión Canal 12 y permitir que todos los medios de comunicación puedan trabajar con libertad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En una alerta compartida por Reporteros Sin Fronteras, indicó que el 11 de septiembre, el juez Luden Quiroz García, de Managua, ordenó el embargo de los bienes del medio, inclusive la sede principal del canal, vehículos propiedad del canal y una vivienda perteneciente a Mariano Valle, cuya familia es propietaria del canal, según informaciones del portal noticioso local Confidencial y el diario La Prensa, y un comunicado que Canal 12 compartió en Twitter.
El fallo del juez Quiroz García dio efecto a la decisión de la Dirección General de Ingresos, el organismo recaudador de impuestos, que resolvió que Canal 12 debía pagar 21 millones de córdobas (unos 607,000 dólares) por deudas fiscales debido a un “reparo adicional” sobre las declaraciones de impuestos sobre la renta de 2011 a 2013, según las informaciones citadas.
El embargo se ha ejecutado parcialmente a la fecha de hoy, según Carolina Valle, jefa de prensa de Canal 12, quien habló con el CPJ por vía telefónica. La periodista sostuvo que el medio sigue en el aire, pues no le habían embargado la redacción ni las instalaciones de transmisión, pero agregó que los trabajadores no habían recibido el último cheque de sueldo porque el medio no tiene acceso a sus cuentas bancarias.
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“Las autoridades nicaragüenses deben dejar de utilizar investigaciones financieras para intimidar a la prensa independiente, y debe permitir que Canal 12 informe libremente y sin temor a represalias”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Estos arbitrarios ‘reparos tributarios’ son apenas la última táctica del Gobierno de Daniel Ortega, que sigue buscando maneras cada vez más creativas para silenciar a los pocos medios independientes que quedan en Nicaragua”.
Canal 12 había sido objeto de una auditoría de la Dirección General de Ingresos desde 2018, cuando el canal informó sobre las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, según Carolina Valle.
La periodista declaró al CPJ que considera el embargo de los bienes de Canal 12 una “represalia política” por la línea editorial del medio, que ha sido crítico de la gestión de Ortega, y afirmó que el medio ha enfrentado el “acoso continuo de cada institución estatal”. Valle expresó que el monto de la penalidad era “completamente arbitrario”.
Canal 12 es uno de los pocos canales independientes que siguen en funcionamiento en Nicaragua, donde muchos medios de comunicación son propiedad de familiares del presidente Ortega o de sus aliados, según datos del CPJ. Otro medio de comunicación, Canal 10, también es objeto de una investigación de la Dirección General de Ingresos y enfrenta un reparo tributario similar por más de 110 millones de córdobas (aproximadamente 3.18 millones de dólares), según el sitio noticioso nicaragüense Artículo 66.
El CPJ envió un correo electrónico y llamó a la Dirección General de Ingresos para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
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