Madrid, 11 sep (EFE).- La Audiencia Nacional de España condenó este viernes al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría.
El tribunal lo condenó como responsable de haber planeado y ordenado junto a la cúpula castrense de su país los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989.
La sentencia se conoció en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se desvinculó por completo de la masacre.
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La resolución considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista, por los cuales le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.
Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no pudo condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
El tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017, año de su extradición.
Según los magistrados, los ocho asesinatos «fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Montano como viceministro de la Seguridad Pública», quien participó en la decisión, por la cual se «transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar», Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.
No obstante, la Sala va más allá al considerar acreditado que en la masacre participó un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos.
Todos ellos utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana «con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones».
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Ellos, continúa la sentencia, «cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí.
Con ello, generaron falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedad, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista».
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite ejecutó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También lo fueron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Celina Mariceth Ramos.