La dictadura sandinista envió a la Asamblea a su servicio una iniciativa de ley que permitirá la explotación de los recursos naturales en las áreas protegidas del país, denunció la Fundación del Río, que alertó a la vez que ello autorizará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) delimitar a su arbitrio las zonas protegidas.
La iniciativa presentada bajo el nombre de “Ley de áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible” reformará el artículo 116 de la Ley 217 o Ley General del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales, que prohibía la “exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áreas protegidas”.
También establece “el aprovechamiento racional de los recursos geotérmicos, geológicos, minerales, hidrocarburos, entre otros” y “la realización de actividades de cacería de fauna silvestre y la pesca con fines de subsistencia”.
Asimismo establece “el aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible” y determinará que “se armonizarán con la gestión ambiental, criterios de planificación, crecimiento económico, así como, la defensa y restitución de derechos de las familias nicaragüenses”.
Menos areas protegidas y más explotación
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, sostuvo que al régimen le interesa disminuir la superficie de las áreas protegidas “para establecer zonas de desarrollo sostenible y permitir las actividades de extracción minera y geológica”.
La dictadura está interesada también en “otras actividades económicas, como la acuicultura”, que de acuerdo con el ambientalista traerían “una mayor vulnerabilidad de las áreas protegidas”.
En el comunicado, la Fundación alertó que el Marena también “se vuelve juez y parte para determinar los delitos ambientales dentro de las áreas protegidas”.
La nueva ley permitirá también “el aprovechamiento racional de los recursos geotérmicos, geológicos, minerales, hidrocarburos, entre otros” y “la realización de actividades de cacería de fauna silvestre y la pesca con fines de subsistencia”.
El artículo 116 de la Ley 217 solo permite la explotación de recursos geotérmicos, hídricos y eólicos por considerarlos de interés nacional para la generación de energía eléctrica y “la cacería de la flora y fauna dentro de las áreas protegidas estaba vinculada a la actividad de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, apunta la cancelada Fundación del Río.
“La iniciativa busca legalizar la extracción de los recursos naturales protegidos en Nicaragua, en línea con la política neo-extractivista impuesta por el régimen desde 2007, que ha facilitado el saqueo, el despojo y la destrucción de la Madre Tierra”, denunció la Fundación a través de un comunicado.