Siete años después del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó por medio de un comunicado la contínua represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario.
Asimismo, la CIDH expresó su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, recordó a las más de 300 personas que perdieron la vida en el marco de la represión estatal y reafirmó su compromiso de promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.
El organismo indicó que situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose y explicó que a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), siguen recibiendo información sobre graves violaciones a los derechos tales como detenciones arbitrarias; denuncias de desapariciones forzadas; violaciones al debido proceso y las garantías judiciales; tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas arbitrariamente de la libertad; restricciones a la libertad de movimiento; privación arbitraria de la nacionalidad; destierro; así como persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital.
Mamotreto para consolidar totalitarismo
A ello, señaló la CIDH, se suman las reformas constitucionales publicadas en febrero de este año entre las cuales destaca la centralización del control absoluto del poder político en la Presidencia, encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta.
«Con ello se consolida bajo una apariencia de legalidad el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, así como una serie de reformas contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos, en un Estado en el que desde hace varios años los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático dejaron de existir», manifestó el organismo.
Actualmente, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 42 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, en condiciones contrarias a la dignidad humana, que forman parte del registro de más de 2.000 detenciones arbitrarias documentadas desde el inicio de la crisis en 2018. En 2024, la CIDH adoptó 13 medidas cautelares para proteger a personas en riesgo grave e irreparable y solicitó la ampliación de dos medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron otorgadas.
Según la información recibida, 5,441 organizaciones de la sociedad civil que desempeñaban un papel fundamental en áreas sociales, religiosas, de desarrollo y educativas fueron canceladas arbitrariamente desde 2018. En numerosos casos, estas cancelaciones han ido acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes.
Persecusión incanzable
En este contexto de cierre de espacio cívico, indicó la CIDH, persiste la persecución contra periodistas, personas defensoras, periodistas, artistas y cualquier persona percibida como opositora. El régimen mantiene el control sobre los medios de comunicación y el entorno digital mediante mecanismos de censura, manipulación del sistema penal y medidas administrativas restrictivas que buscan silenciar voces críticas y consolidar su monopolio informativo. En ese sentido, el 13 de marzo pasado se registró el bloqueo arbitrario de sitios web que operan bajo el dominio .com.ni, y que incluyen los de medios de comunicación como Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Onda Local.
Asimismo, afirmó que continúa la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe mediante detenciones arbitrarias, expulsiones y la confiscación de bienes como represalia por su trabajo. Desde 2023, al menos 46 religiosos han sido detenidos, excarcelados y posteriormente expulsados del país. Además, el régimen mantiene la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias, la moderación de sermones, y la criminalización de expresiones de fe.
Atropello a indígenas y apatridia como infame herramienta
La violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, indicó el comunicado, sigue agravándose, impulsada por la invasión de colonos y la expansión de actividades extractivas. Los colonos armados buscan despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales mediante el uso de la violencia, lo que resultado en desplazamientos forzados. «Esta situación persiste bajo la tolerancia estatal, consolidando un contexto de violencia, impunidad y desprotección para las comunidades afectadas», se aseguró.
Adicionalmente, denunció la CIDH, más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que ha generado casos de apatridia. Además, según información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2024 se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada al país, y 348 actos de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas.
A la fecha, más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida, integridad y libertad personal. Del mismo modo, el régimen ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y confisca documentos válidos de viaje.
La CIDH urgió nuevamente al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para exigir el fin de la represión y adoptar medidas concretas para el restablecimiento de la democracia en el país.
Finalmente, la CIDH reiteró su solidaridad con las víctimas y sus familiares por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, y reafirmó su compromiso de continuar promoviendo y protegiendo los derechos humanos en Nicaragua. Para ello, aseguró que seguirá monitoreando de cerca la situación en el país a través del MESENI, denunciando las violaciones registradas y publicando regularmente actualizaciones sobre la situación en su sitio web.