Por Enrique Martínez. La permanencia del régimen autoritario en Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se sostiene sobre una compleja red de control político, militar y económico, que ha logrado resistir presiones internas e internacionales a lo largo de los años.En este contexto, la estrategia de imponer sanciones directas y selectivas al Ejército, a los testaferros del régimen y a empresarios cómplices, se presenta como una vía más efectiva para debilitar los pilares del poder autoritario que las estrategias de desgaste lento, centradas en la supuesta implosión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Este artículo analiza las razones por las cuales las sanciones directas deben considerarse una herramienta prioritaria para la comunidad internacional, a fin de promover la transición democrática en Nicaragua.
La presión internacional y el uso de sanciones económicas selectivas han demostrado ser una de las herramientas más eficaces para debilitar regímenes autoritarios. Como ha señalado Daniel Drezner (2011), “las sanciones bien diseñadas que afectan a las élites gobernantes pueden alterar los cálculos de costo-beneficio del autoritarismo” (p. 97). En el caso de Nicaragua, el Ejército ha jugado un rol clave no solo como brazo armado del régimen, sino como cómplice de redes de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y tráfico de personas.
Ejercito actor clave
La falta de rendición de cuentas, el control sobre zonas estratégicas del país y la participación en operaciones de represión han convertido a esta institución en un actor central del autoritarismo sandinista. Sancionar a sus altos mandos implica afectar directamente la estabilidad del sistema de represión, desincentivando su lealtad al poder central.
La estructura económica del régimen está sostenida por una red de testaferros y empresarios cómplices, que han facilitado el ocultamiento de capitales, el lavado de dinero y la expansión de conglomerados controlados por la familia Ortega-Murillo. Daron Acemoglu y James Robinson (2012) advierten que las élites económicas desempeñan un papel crucial en la continuidad de los regímenes autoritarios, ya que muchas veces encuentran en estos gobiernos un entorno propicio para proteger sus intereses y garantizar su rentabilidad.
En este sentido, sancionar a los empresarios cómplices del régimen representa una medida no solo punitiva, sino estratégica: crea condiciones de ruptura en el bloque económico de poder y limita las fuentes de financiamiento del autoritarismo.
La implicación del Ejército en actividades ilícitas agrava aún más la situación. En Nicaragua, se han documentado vínculos entre la institución castrense y redes de narcotráfico, tráfico de personas y corrupción estructural. Esta connivencia socava el estado de derecho y convierte a la institución en una fuerza al margen de la legalidad. Guillermo O’Donnell (1994) alertaba sobre el fenómeno de los “Estados delegativos”, en los que el poder ejecutivo actúa sin controles institucionales y con el apoyo de fuerzas coercitivas informales, propiciando un modelo autoritario sustentado en la impunidad y la violencia estructural. El Ejército nicaragüense no solo reproduce esta lógica, sino que actúa como su garante principal.
En paralelo, sectores empresariales han demostrado una preocupante pasividad, cuando no complicidad directa, con el régimen. Algunos han prosperado bajo su amparo, beneficiándose de licitaciones, exoneraciones fiscales y protección a monopolios. Esta simbiosis entre poder político y élites económicas fue ampliamente analizada por H.E. Schamis (2006), quien sostiene que muchas veces los empresarios prefieren una estabilidad autoritaria a los riesgos que supone la competencia democrática. En Nicaragua, este fenómeno ha sido evidente desde la cooptación del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) con algunas excepciones, y su conversión en un interlocutor complaciente y hoy desaparecido, hasta el uso de figuras testaferro para extender el poder económico del régimen, siendo este el modelo activo.
La espera de la famosa «implosión» detiene acciones
Ante este panorama, se ha promovido por años una estrategia de “desgaste lento” del régimen, centrada en la supuesta implosión del FSLN como resultado de fracturas internas, crisis económicas y pérdida de apoyo popular. Esta estrategia ha resultado insuficiente. Steven Levitsky y Lucan Way (2010) han señalado que los regímenes autoritarios híbridos, como el nicaragüense, tienen una notable capacidad de adaptación a las crisis. Lejos de colapsar, consolidan sus estructuras de represión y cooptación institucional. El caso de Nicaragua es ilustrativo: el FSLN ha sobrevivido a protestas masivas, escándalos internacionales y aislamiento diplomático, gracias al control férreo del aparato estatal y la represión sistemática.
La narrativa de la implosión como solución ha servido, en algunos casos, para justificar la inacción. Pero el tiempo ha demostrado que sin acciones concretas y sostenidas, el régimen se adapta y se fortalece. Como advirtió Hannah Arendt (1951), “el poder totalitario se alimenta del consentimiento pasivo y del miedo compartido; sólo una acción decidida y colectiva puede quebrar su lógica” (p. 114). Las sanciones directas, al concentrarse en los pilares operativos y financieros del poder, constituyen esa acción decidida que puede alterar el equilibrio interno del régimen, erosionando su capacidad de represión y cooptación.
Para finalizar, si la comunidad internacional y los actores democráticos realmente buscan una transición en Nicaragua, deben abandonar la estrategia de desgaste lento e incierto, y apostar por mecanismos de debilitamiento real del régimen. Las sanciones al Ejército, los testaferros y los empresarios cómplices no solo representan una medida de justicia ante las violaciones de derechos humanos, sino una estrategia política eficaz para desmontar las estructuras que sostienen el autoritarismo. Solo así será posible abrir paso a un proceso de democratización genuino y sostenible.
El autor es Vocero y Directivo de AVANZA Nicaragua.