La dictadura sandinista calificó de “emboscada legal” por parte de las autoridades de Panamá en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, quien permanece como asilado político en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.
La cancillería al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuestionó que, tras haber emitido un salvoconducto para permitir la salida de Martinelli hacia Nicaragua, las autoridades panameñas solicitaran casi de inmediato una alerta roja a la Interpol por presuntos delitos económicos cometidos por el exmandatario.
“Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades ajenas al comportamiento político coherente con las Convenciones Internacionales”, señala el documento.
No hay vuelo si alerta se mantiene
La dictadura afirmó que mientras persista esta “incongruencia”, no procederán a ejecutar el traslado de Martinelli, argumentando que se estaría exponiendo tanto al expresidente panameño como a Nicaragua a “acciones agresivas” y a un posible conflicto internacional.
«No podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al Ciudadano ex-Presidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece», indicó el comunicado.
La dictadura también condenó lo que considera una creciente tendencia internacional de violar el fuero diplomático y la figura del asilo, aludiendo a recientes incidentes en otras embajadas donde, según afirma, se han producido “asaltos, invasiones y secuestros de asilados”.
Asimismo, Nicaragua arremetió contra el actual gobierno panameño del presidente José Raúl Mulino, acusándolo de adoptar posturas “ofensivas”, de bloquear su derecho a ocupar un asiento en la Secretaría General del SICA y de actuar en complicidad con otros países para marginar al régimen sandinista.
“El Gobierno de Panamá se ha caracterizado por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua”, reclamó el régimen, exigiendo a las autoridades panameñas respeto a los principios del derecho internacional y relaciones “de hermandad” entre los pueblos.
El comunicado cierra con un llamado al presidente Mulino y a su cancillería a rectificar sus acciones y respetar las normas diplomáticas, mientras Martinelli sigue refugiado en la embajada nicaragüense a la espera de una resolución sobre su salida del país.