La empresa Servicios Médicos Especializados S.A, Sermesa, se robó el edificio de la curia de Matagalpa, intervenido por la guardia sandinista desde el 4 de agosto de 2022 y desmantelado el 28 de enero de 2025, según informó el portal Mosaico.
Sermesa es la que administra las clínicas médicas previsionales del Instituto de Seguridad Social, de la dictadura INSS.
El edificio confiscado a la diócesis de Matagalpa, del obispo desterrado Rolando Álvarez y usurpado por Sermesa, se encuentra ubicado en una zona de alta plusvalía del centro de la ciudad y por muchos años fue la residencia de monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado, desterrado y despojado de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Negociazos del Seguro
Aunque Sermesa atiende a los afiliados del Seguro Social, también presta “servicios privados” a particulares, empresas privadas y compañías aseguradoras, según información disponible en su página web.
El INSS también ha adquirido, a través de Sermesa, la clínica Cruz Azul, Su Médico, La Fraternidad, Polimesa, Bemenic, La Salud, La Popular en León, Médicos Unidos en Managua y Sirvisa en Masaya, a parte de otras pequeñas empresas médicas en el resto del país.
Mientras tanto, la confiscación de la curia de Matagalpa se suma a otras 16 propiedades de la iglesia católica confiscadas por la dictadura en los últimos años.
Entre las propiedades confiscadas a la Iglesia destacan Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja, en Matagalpa; el convento de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, en León; y la casa pastoral en San Pedro del Norte, en Chinandega;
También fueron confiscadas la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que fue convertida en una universidad estatal llamada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
Igual ocurrió con la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), que pertenecía a la Diócesis de Estelí y que fue transformada en la estatal Francisco Luis Espinoza Pineda.
También fue confiscada la residencia Villa Carmen, donde vivían los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada el 16 de agosto de 2023.