La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh, expresó su profunda preocupación por la aprobación total de la reforma a la Constitución en Nicaragua realizada éste jueves en el Parlamento al servicio de la dictadura sandinista.
La «reforma parcial» a la Constitución fue presentada en noviembre de 2024 por el dictador Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo, en la búsqueda de sentar las bases para establecer una dinastía familiar.
«La reforma constitucional concentra aún más el poder en la Presidencia, que pasa a coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral, mientras que elimina el artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes, junto con la referencia al pluralismo político», indicó la Oacnudh a través de un comunicado.
Asimismo, consideró que la reforma a la Constitución restringe la libertad de expresión y de prensa basándose en criterios vagos e indefinidos de bienestar, elimina el derecho a la huelga, debilita garantías procesales esenciales tales como el derecho a ser informado de los cargos y defensa adecuada y elimina la prohibición explícita de la tortura.
El texto fue aprobado de manera unánime, sin abstenciones ni votos en contra, por los 91 miembros de la Asamblea Nacional sin ninguna oposición.
Solicitud obviada por servidores de la dictadura
El 22 de noviembre de 2024, Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, había pedido a los legisladores a rechazar la reforma debido a las serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
En su comunicado, subrayó que esta reforma “supondrá la muerte de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Nicaragua, socavando aún más los ya frágiles controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo”.
Según Andrés Sánchez Thorin, representante encargado de Oacnudh para la región, estos cambios en la Constitución podrían afectar gravemente las garantías de unas elecciones libres y justas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
“El pluralismo político es una garantía esencial para que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes. Las personas deben ser libres de apoyar u oponerse a diferentes opciones políticas sin temor a la manipulación o la influencia indebida que afecte su autonomía”, expresó.
La pérdida de la nacionalidad
Oacnudh también ve con preocupación las disposiciones que permiten la pérdida de nacionalidad por el delito de traición a la patria, definido además en términos amplios, lo cual institucionaliza la práctica ya existente de despojar de su nacionalidad a personas consideradas opositoras políticas, dejando a estas personas en situación de apatridia.
La reforma, junto con leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, refuerzan mecanismos de control y represión tanto nacionales como transnacionales contra individuos y organizaciones.
En materia de defensa y seguridad, la reforma otorga a la Presidencia la facultad de ordenar intervenciones militares sin control adicional. Además, eleva a nivel constitucional a la Policía Voluntaria, ya existente en el marco jurídico nicaragüense, y crea las fuerzas militares de reserva patriótica, conformadas en su mayoría por civiles voluntarios.
En el caso de la Policía Voluntaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha podido documentar la vinculación de esta entidad con graves violaciones de derechos humanos en sus informes.
Oacnudh reiteró que la reforma constitucional aprobada vulnera las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua y urge al Estado a revisarla para garantizar la separación de poderes, el pluralismo político y las libertades fundamentales, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Asimismo, Oacnudh reiteró su disposición para ofrecer asistencia técnica a las autoridades nicaragüenses, apoyándoles en la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos.