Religiosos estadounidenses pidieron a la saliente administración de Joe Biden a extender y redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, acción que beneficiaría a más de 400 mil connacionales que se encuentran sin estatus migratorio en esta nación.
La carta dirigida al Jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, piden que se revisen las condiciones en los países con designaciones de TPS existentes que expirará en los próximos meses y considere redesignaciones y extensiones más oportunas e inmediatas para esos países, especialmente donde es poco probable que las condiciones cambien de manera significativa en los próximos meses a fin de permitir un retorno seguro.
Una vital protección para miles
Asimismo señalan que tanto el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en consulta con el Secretario de Estado y otros, puede designar un país para el TPS si las condiciones en el país cumplen con los requisitos legales para dicha designación, incluidos los conflictos armados en curso, los desastres naturales u otras condiciones extraordinarias y temporales que impidan un regreso seguro.
“El TPS sirve como una protección vital que permite a las personas de un país designado permanecer en los Estados Unidos mientras las condiciones en su país de origen hacen que el regreso seguro sea impráctico, imposible o perjudicial para los esfuerzos de recuperación locales”, reza la misiva firmada por cinco líderes de diferentes iglesias de Estados Unidos.
En este sentido, los religiosos manifestaron que creen de todo corazón en la protección de la santidad de cada vida humana.
“Si bien hay varios países con condiciones vigentes que justifican las protecciones del TPS para sus ciudadanos que viven en los Estados Unidos, buscamos especialmente llamar su atención sobre Nicaragua”, indica la carta en la cual piden también la aprobación de la figura para la República Democrática del Congo.
En el caso de Nicaragua, las organizaciones señalaron que las condiciones que impiden que las personas regresen de manera segura a Nicaragua solo se han exacerbado desde su designación original en 1998.
“Nicaragua está experimentando niveles extraordinarios de disturbios civiles, persecución política y religiosa y la privación arbitraria de vidas humanas, incluidas desapariciones masivas y ejecuciones extrajudiciales” , subrayan.
Resaltan que desde que comenzó la crisis de derechos humanos en Nicaragua en 2018, el Estado ha cancelado su personería jurídica y confiscado bienes a más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, incluidas más de 1.200 fundaciones de afiliación religiosa.
Además, señalaron que la Iglesia católica ha sido el blanco de ataques específicos con casi 300 religiosos consagrados obligados a abandonar el país; entre los expulsados se encuentran cuatro obispos y 141 sacerdotes.
“El mes pasado, el obispo de Jinotega, que también preside la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se sumó a la lista de detenidos y expulsados del país”, denuncian como uno de los últimos ejemplos más palpable de la represión contra la Iglesia Católica.