Elvira Cuadra, investigadora y experta en seguridad, advierte que la percepción de inseguridad ciudadana se ha disparado en las últimas semanas producto de varios factores de riesgo: una policía dedicada a la represión política, los grupos paramilitares armados, liberación de presos comunes, y una crisis económica agravada por la pandemia del Covid-19, que se ha traducido en desempleo y aumento de la pobreza
TOMADO DE CINCO-COMUNICACIONES
La escalada de delincuencia e inseguridad ciudadana experimentada en las últimas semanas en Nicaragua, es producto de un cóctel de factores determinantes: El primero es que la Policía Nacional se ha convertido en un aparato de represión política, renunciado a su labor de protección; seguido de la impunidad con la que operan los grupos paramilitares.
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Epidemia de delincuencia
Todo ello agravado por la liberación de presos comunes ordenada por el gobierno de Daniel Ortega, y la crisis económica impuesta por la COVID-19, una pandemia que ha aumentado el desempleo.
Este análisis es formulado por la socióloga y experta en seguridad, Elvira Cuadra. La también investigadora asociada al Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) brindó este sábado una conferencia de prensa virtual para aclarar dudas sobre la inseguridad ciudadana en plena emergencia del nuevo Coronavirus.
Durante las últimas semanas, las denuncias por asaltos con armas de fuego y robos con intimidación han copado las redes sociales.
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Incluso, algunos de los casos han terminado en asesinatos y secuestros. Una situación que estresa más a una población atribulada por la epidemia.
“El elemento crítico es el incremento del uso de arma de fuego en los delitos, como los robos o asaltos con intimidación”, alertó Cuadra.
“Incurren varios factores, pero el primero es que la Policía pasó de ser una institución a convertirse en aparato de represión, al hacer a un lado las funciones que le corresponden según la ley”, dijo la experta.
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Armas y paramilitares: cóctel explosivo
Cuadra asoció el elevado uso de armas de fuego a los grupos paramilitares leales al gobierno de Ortega, que al día de hoy no han sido desmantelados y siguen organizados.
“El otro factor es la existencia de paramilitares y la impunidad con la que están actuando en todo el país. Las armas de fuego son elementos de riesgos, porque antes no existía un número tan elevado en las calles… el uso de armas de guerras era nulo y ahora es común. Los grupos paramilitares y policías están usando armas de guerra, pese que está prohibido por ley”.
Socióloga Elvira Cuadra
Los grupos paramilitares son herencia nefasta de la crisis sociopolítica arrastrada desde abril de 2018. Esta crisis no solo reconfiguró el tablero político y social, sino que tuvo efectos en la seguridad ciudadana de Nicaragua.
Para la experta, antes de 2018 los riesgos más importantes para la seguridad ciudadana estaban vinculados a la delincuencia común, el crimen organizado y ciertas expresiones de violencia política ante el incipiente ciclo de protesta social, sobre todo en las zonas rurales al norte de Nicaragua, donde se registraron decenas de asesinatos de campesinos.
Percepción de violencia se dispara
“Ese escenario cambió: Se ha puesto en primer plano como amenaza a la seguridad el tema de la violencia política ejercida por el Estado con la imposición de un estado de excepción de facto. Desde 2018, hemos transitado al menos nueve fases de represión con momentos distintos y objetivos específicos, pero que como propósito general busca eliminar el descontento de los ciudadanos”, contextualizó Cuadra.
Aparejado con una sensación de inseguridad propiciada por la represión política, la percepción de inseguridad ciudadana relacionada con la delincuencia común se ha disparado en medio de la pandemia de COVID-19.
Un elemento iniciador de esa percepción ha sido la liberación de un par de millares de reos comunes por parte del gobierno de Daniel Ortega en los últimos meses.
“Aunque no todos los liberados cometen delito, una parte sí lo hace”, subrayó Cuadra.
Dos crisis superpuestas
La epidemia de Coronavirus ha creado un caldo de cultivo perfecto para la delincuencia común, puesto que agravó la crisis económica que el país arrastraba desde abril de 2018, en un momento que organismos financieros internacionales han calculado que el decrecimiento en casi 8%.
“En este contexto se han superpuesto dos crisis: la de abril y la emergencia sanitaria de la COVID-19. Eso tiene dos tipos de efecto sí o sí sobre la sociedad: efectos sanitarios y humanos y una situación económica inevitable… un agravamiento de la crisis general”, dijo Cuadra.
Hay disminución en las remesas familiares, un repunte del desempleo y la pequeña y mediana empresa del sector informal se ha visto seriamente afectado, que es un considerable sector poblacional.
“Hay reducción fuerte en los ingresos familiares. El desempleo aumenta la pobreza y por ende la violencia por estas razones sociales. Aunque no se puede establecer una relación causal directa con la pobreza y la comisión de delitos comunes, porque sería criminalizar a los pobres, están todos estos factores de riesgo que he mencionado antes”.
Socióloga Elvira Cuadra
Según ella, el aumento violencia está relacionado con factores de riesgo, pero hay un tema que está incluso por encima de todos ellos: “es la política del gobierno, el discurso de odio, que criminaliza a la gente y excluye a los sectores de población”, dijo.
