El Examen Periódico Universal (EPU) de este 13 de noviembre, fue un verdadero concierto internacional de críticas, sugerencias y recomendaciones para que la dictadura criminal de los Ortega Murillo mejore las condiciones de los derechos humanos en Nicaragua.
El EPU, realizado hoy en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue una exhibición de condena global contra el régimen que, descaradamente, llegó a mentir, manipular y justificar sus crímenes y aberraciones.
De los 88 países participantes, 55 denunciaron los abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua, 30 solicitaron mejorar las condiciones y solo dos, Cuba y Venezuela, aplaudieron a la delegación sandinista que intentó justificar sus acciones ante una creciente presión internacional.
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Diez puntos críticos señalados por la comunidad internacional
La sesión estuvo marcada por un flujo de críticas hacia las políticas represivas del régimen, con énfasis en la reducción del espacio cívico y la represión hacia voces disidentes.
A continuación, las diez razones principales de reclamo:
- Restricción del espacio cívico: Varios países destacaron el control severo sobre la sociedad civil nicaragüense, citando el cierre de ONGs y la persecución a ciudadanos críticos del gobierno.
- Persecución de periodistas y defensores de derechos humanos: El ataque sistemático contra la libertad de prensa y las organizaciones de derechos humanos suscitó la preocupación de países como Canadá y Alemania, quienes denunciaron el hostigamiento y la violencia contra estos sectores.
- Desnacionalización de opositores: La decisión del régimen de desnacionalizar a cientos de nicaragüenses, incluso a excarcelados políticos, fue ampliamente condenada como una violación directa a los derechos humanos.
- Represión transnacional: Varios países acusaron al régimen de extender su represión más allá de las fronteras nicaragüenses, hostigando a disidentes en el exilio, una práctica que se catalogó como represión transnacional.
- Cierre de universidades y organizaciones no gubernamentales: La dictadura fue duramente cuestionado por la clausura de universidades y la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones sin fines de lucro, medidas calificadas como una herramienta para sofocar la disidencia.
- Violación de derechos laborales: Países como España señalaron la falta de derechos laborales y el bloqueo a la sindicalización, afectando el derecho de los ciudadanos a condiciones de trabajo dignas.
- Tortura y tratos inhumanos a prisioneros: Se denunciaron casos de tortura a presos políticos, con informes sobre tratos inhumanos que incluyen torturas físicas y psicológicas, prolongado aislamiento y otras violaciones a la dignidad de los detenidos.
- Ausencia de independencia judicial: Diversos países cuestionaron la imparcialidad del sistema judicial nicaragüense, que, según se denunció, actúa bajo el control del régimen para perseguir a opositores.
- Violencia contra comunidades indígenas: Brasil enfatizó la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en Nicaragua, afectados por violencia y despojo de sus territorios.
- Monopolio del poder político: La destrucción del pluralismo político y la supresión de partidos de oposición fueron fuertemente criticados, destacando que el régimen se ha consolidado como un Estado unipartidista.
Las justificaciones del régimen de Ortega
Ante la avalancha de críticas, la delegación del régimen defendió su accionar, argumentando que sus políticas están dentro de un marco legal nacional y que responden a amenazas externas.
La delegada de la dictadura, Carmen Rodríguez y otros representantes nicaragüenses ofrecieron una serie de respuestas vacías y justificaciones para las principales acusaciones:
- Fundamentación legal de la desnacionalización: En respuesta a las acusaciones sobre el retiro de nacionalidad a disidentes, Rodríguez justificó la medida con una reforma constitucional reciente, que fue aplicada retroactivamente para despojar a varios exiliados de su ciudadanía.
- Cierre de universidades y ONGs como medida de control: La delegada alegó que la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones y universidades respondió a su falta de cumplimiento de obligaciones legales y a sus supuestos vínculos con actividades de “desestabilización”.
- Negación de represión transnacional: María Elsa Frixione, representante de la Procuraduría, negó categóricamente que el régimen persiga a sus críticos fuera de Nicaragua, asegurando que se respeta la soberanía de los otros países.
- Rechazo de la ratificación del Estatuto de Roma: Ante cuestionamientos de Bélgica y Liechtenstein, el régimen reiteró que no ratificará el Estatuto de Roma, impidiendo así la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en asuntos nicaragüenses, bajo el argumento de que esta instancia “carece de imparcialidad”.
- Persecución política como medida de seguridad nacional: La delegación justificó el enjuiciamiento de líderes opositores como una medida para garantizar la estabilidad del país, argumentando que estos individuos fueron detenidos por “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”.
Recomendaciones de la comunidad internacional en el EPU
A lo largo de la sesión, varias delegaciones recomendaron al régimen adoptar medidas urgentes para detener las violaciones de derechos humanos.
Algunos de los países más críticos, como Brasil, Colombia y Países Bajos, ofrecieron propuestas concretas:
- Brasil: El representante brasileño solicitó investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia contra minorías, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas. También recomendó que Nicaragua ponga fin a la persecución de personas basadas en sus creencias religiosas y respete la libertad de pensamiento.
- Colombia: Con una postura conciliadora, Colombia ofreció sus servicios de mediación para una transición pacífica y democrática en Nicaragua. El embajador colombiano expresó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos y exhortó al régimen a abrir el espacio cívico.
- Países Bajos: Señalando que la soberanía estatal no debe ser utilizada para justificar abusos, el representante neerlandés instó a Nicaragua a derogar la legislación que criminaliza las críticas al gobierno y a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
- Argentina: En un mensaje contundente, el embajador argentino cuestionó la presencia de regímenes autoritarios en el Consejo de Derechos Humanos. Aunque no se refirió directamente a Nicaragua, señaló la complicidad de algunos países en la defensa de gobiernos autoritarios y urgió a que se tomen medidas para evitar que estos regímenes continúen violando derechos humanos.
- España: El representante español instó a Nicaragua a garantizar el derecho a la sindicalización y a respetar los derechos laborales básicos, destacando que el bienestar de los trabajadores es fundamental para el desarrollo del país.
Y aun faltan los resultados del EPU
La comunidad internacional espera que el informe final del EPU, que será emitido el próximo viernes, incluya una recopilación de las preocupaciones y recomendaciones presentadas.
A la ez esperan que estas sirvan como un llamado a la acción para el régimen de Ortega.
Sin embargo, los observadores anticipan que, dado el historial del régimen, es probable que continúe desoyendo las recomendaciones y manteniendo su postura de defensa de la “soberanía nacional” frente a lo que considera injerencias extranjeras.
Este último encuentro ha dejado claro que la comunidad internacional sigue firme en su condena a las políticas represivas de Nicaragua, aunque las posibilidades de un cambio efectivo aún parecen lejanas en el corto plazo.