Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han solicitado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exija al régimen de Nicaragua proteger la libertad de expresión y prensa en el país.
Esta petición se produce en el marco de la próxima revisión del Examen Periódico Universal (EPU), que tendrá lugar en Ginebra el 13 de noviembre.
Desde 2018, Nicaragua vive una escalada represiva sin precedentes bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno ha implementado una política de persecución sistemática contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Derechos en escombros
La represión en Nicaragua ha incluido arrestos arbitrarios, torturas, acoso judicial y espionaje a periodistas.
Al menos 278 comunicadores han sido forzados al exilio en los últimos cinco años, según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Organizaciones de derechos humanos denuncian que, entre 2019 y 2023, el gobierno de Ortega ha cerrado más de 5.600 organizaciones, incluyendo ONG, medios de comunicación y asociaciones religiosas.
Esta estrategia busca eliminar cualquier espacio de disenso y silenciar las voces críticas en Nicaragua.
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Dictadura: ¿Cuál libertad de expresión?
A pesar de las denuncias, la dictadura nicaragüense sostiene que en el país no se violan los derechos a la libertad de prensa y expresión.
Sin embargo, informes de organismos internacionales contradicen esta afirmación, subrayando que la represión ha sido constante y sistemática.
El régimen de Ortega ha reforzado su control mediante leyes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, utilizadas para criminalizar y censurar a opositores.
Este marco normativo restrictivo ha generado un clima de autocensura entre los medios que aún operan en Nicaragua, bajo constante vigilancia y amenazas.
La comunidad internacional considera la situación de Nicaragua como uno de los casos más críticos de represión en América Latina.
Cientos de miles al exilio
De acuerdo con ACNUR, más de 600.000 personas, el 6,5 % de la población nicaragüense, se han visto obligadas a huir del país desde 2018 debido a la persecución estatal.
Entre las organizaciones firmantes de la solicitud destacan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), PEN Internacional, PEN Nicaragua, AMARC-ALC, Article 19 Oficina México y Centroamérica, IFEX-ALC, Artist at Risk, y PCIN.
Estas agrupaciones exigen que el Consejo de Derechos Humanos emita recomendaciones que obliguen a Nicaragua a respetar la libertad de expresión y garantizar el ejercicio del periodismo sin represalias.
Las organizaciones también instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a adoptar medidas concretas para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Consideran fundamental que el Consejo respalde a las voces disidentes y exija al régimen de Ortega el cese de la represión y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.