Un juez federal, designado anteriormente por el republicano Donald Trump, anuló el pasado jueves 7 de noviembre el programa «Parole in Place».
El programa fue creado por la administración del presidente demócrata Joe Biden, para permitir a los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses obtener un estatus legal y un camino simplificado hacia la ciudadanía.
El fallo del juez de distrito J. Campbell Barker se produce después de que 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaran el programa en una demanda en la que alegaban que la política fomentaría la inmigración ilegal.
Barker ya había ordenado suspender la medida a finales de agosto, mientras estudiaba su legalidad.
El presidente, Joe Biden, la había anunciado en junio. En su decisión de este jueves, el magistrado afirmó que el Gobierno carecía de autoridad para implementar la política sin la autorización del Congreso.
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Luego del triunfo de Trump, tanto el mercado estadounidense como la política comenzaron a ver los primeros efectos.
Con la situación fronteriza como principal tópico de su campaña, el republicano adelantó que empezará a diagramar su plan de deportación masiva.
Y también puntualizó en la situación del Parole In Place, programa que en primera instancia estaba destinado a beneficiar a cerca de 500.000 inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses.
La cuenta atrás para derrumbar los planes edificados por el mandatario demócrata empezó cuando el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos J. Campbell Barker encontró que el programa viola la ley de inmigración de Estados Unidos.
La presentación del juez coincide con las objeciones presentadas por más de una docena de estados liderados por republicanos, incluyendo a Texas.
La noticia llegó como un duro golpe para la administración Biden, que en los últimos meses endureció las políticas en la frontera para mitigar la inmigración ilegal, pero sostuvo el programa denominado Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias, en español) aduciendo que promovía la unidad en hogares de estatus mixto.
La iniciativa, que fue anunciada en junio por el presidente, entregaba permisos de trabajo y protecciones ante la deportación a los inmigrantes que habían estado casados con ciudadanos estadounidenses por más de 10 años.
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Además, allanaba el camino para conseguir una tarjeta de residencia permanente, o green card, y posteriormente la ciudadanía.
Luego de la anulación presentada por el juez federal, la próxima instancia que le queda a la administración es apelar el fallo el próximo jueves mediante el Departamento de Justicia.
No obstante, es muy probable que el programa no subsista a la administración del próximo presidente, que ya adelantó que buscará proceder con la deportación masiva más grande de la historia, quitando también el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los inmigrantes que lo poseen.