La sanguinaria dictadura de la vejestoria pareja Ortega-Murillo, aumentó las «medidas represivas tanto dentro de su círculo de poder como contra la Iglesia católica» nicaragüense, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado recientemente en San José, Costa Rica.
«En las semanas más recientes el círculo de poder en Nicaragua se ha visto sacudido hasta los cimientos por las purgas de altos funcionarios públicos y que ya han tocado incluso a oficiales de primera línea en el Ejército», señaló el Cetcam en un informe.
Este centro de pensamiento, integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas, con sede en Costa Rica, sostuvo que «la magnitud de estas purgas es significativa».
Sapos de todo tamaño han perdido el sueño
«Altos funcionarios públicos, oficiales de primera línea de la Policía y el Ejército, magistrados y jueces del Poder Judicial, alcaldes y secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre otros, han perdido el sueño», anotó la Cetcam.
«Les afligen las noticias de la caída en desgracia, humillaciones y encarcelamiento de muchos de ellos en las semanas más recientes», añadió.
En la víspera, el Ejército de los Ortega-Murillo informó que secuestró a Steadman Fagoth Muller, asesor presidencial para políticas de pueblos originarios.
Según la excusa de la guardia sandinista, la captura fue por intentar «sustraer armamento orgánico» de la institución en los puestos ubicados sobre la ribera del río Coco.
Según los ladridos de la jauría uniformada: el «complot» era «para la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, procedente de Honduras».
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Ni los guardias lustra-botas se escapan de la furia de los capos
El pasado 30 de agosto, el Ministerio Público (Fiscalía) acusó a ocho funcionarios públicos por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado.
Los ocho acusados están vinculados a Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador -asesinado en 1976 por la dictadura somocista-, y exsecretario adjunto de Relaciones Internacionales del partido gobernante, quien, según la prensa nicaragüense, también está recluido, aunque no fue acusado penalmente.
El pasado 23 de julio, Ortega formalizó la salida del Gobierno de Arlette Cristina Marenco Meza al cancelar su nombramiento como viceministra general de Relaciones Exteriores y como secretaria de cooperación de la Cancillería nicaragüense, según disidentes, en medios de pugnas internas en el Ejecutivo sandinista.
Según la plataforma Confidencial, el jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), el general de brigada Rigoberto Balladares, fue destituido en junio pasado por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo, aunque ni el Gobierno ni el Ejército lo han oficializado.
De los Ortega-Murillo no se salvan ni los más serviles
El 28 de mayo pasado, Ortega, quie ya arrastra las patas y está próximo a cumplir 79 años, declaró «traidor a la patria» a su hermano menor, el general retirado Humberto Ortega, el caso más emblemático y reciente de las fisuras en el sandinismo.
El exjefe del Ejército, uno de los estrategas de la insurrección armada contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, en 1979, se encuentra bajo vigilancia en su residencia en Managua tras cuestionar la sucesión «dictatorial» del jefe de Estado.
Según la prensa nicaragüense, tras aislar al exjefe del Ejército, a quien retuvieron sus teléfonos celulares y computadores, las autoridades han detenido al general retirado Orlando Talavera Siles y al ex subdirector de la Policía Nacional Jorge Guerrero, ambos formados en el área de inteligencia.
Sapos van y sapos vienen
«Paralelamente, la persecución religiosa ha alcanzado niveles alarmantes», continuó el Cetcam, al señalar que «desde 2018 a esta parte, más de 270 sacerdotes y obispos han sido encarcelados, desnacionalizados, desterrados y forzados al exilio, mientras otros son acosados, amenazados y visitados por la policía permanentemente».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando los dictadores mandaron a asesinar a 355 personas en las protestas sociales de ese año.
La crisis de derechos humanos se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el clan Ortega-Murillo fue auto-reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión.
Desde entonces, y cientos de crímenes de lesa humanidad de por medio, la dictadura sigue aislada internacionalmente y condenada por todos los foros de derechos humanos, principalmente por expulsar a nicaragüense del país, privarlos de su nacionalidad y confiscarle sus bienes.