En una nueva demostración de su política de represión y persecución contra opositores, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desnacionalizó y confiscó los bienes de 135 ex presos políticos desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre.
La resolución la dictó la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, en aplicación de las leyes #1055 y #1145, creadas por el régimen para anular la nacionalidad de aquellos que se han opuesto a su mandato.
Bajo el argumento de que los ex reos políticos «atentaron contra la soberanía y la paz», el régimen no solo los despoja de su ciudadanía, sino que también ordena la confiscación de sus bienes.
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Jueces títeres alegan «graves daños» a desterrados
Los jueces de la dictadura alegan que las supuestas acciones habrían causado «graves daños materiales e inmateriales» a la nación.
Esta medida terrorista abarca propiedades, cuentas bancarias y otros activos en Nicaragua, en un claro intento de castigar y arruinar a quienes, a ojos del régimen, representan una amenaza a su control absoluto del país.
El comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia, una institución completamente alineada con el poder autoritario, justifica la decisión basándose en acusaciones vagas de terrorismo, odio y desestabilización económica.
Todas las acusaciones son sin fundamento y parte de la narrativa del régimen para deslegitimar a sus críticos.
Robo de propiedades disfrazado de «justicia»
La decisión la presentaron como una «justicia efectiva» que supuestamente resarce a las víctimas de delitos inexistentes, cuando en realidad constituye otro paso en la sistemática eliminación de cualquier disidencia.
Los 135 afectados forman parte de un creciente número de nicaragüenses despojados de su nacionalidad y obligados al exilio, en un proceso que organismos internacionales de derechos humanos han catalogado como una violación flagrante de los derechos fundamentales.
Ortega y Murillo continúan utilizando el aparato judicial como herramienta de represión, consolidando su poder a través del miedo, la persecución y el exilio forzado.
Esta nueva arremetida contra los opositores no solo sigue ampliando la lista de nicaragüenses exiliados y despojados, sino que también profundiza el aislamiento internacional del régimen, que sigue siendo objeto de sanciones y condenas a nivel global por sus violaciones a los derechos humanos y el estado de derecho.