La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció este 3 de septiembre un incremento en las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, señalando un aumento significativo en las detenciones arbitrarias, la intimidación a opositores y los malos tratos bajo custodia, así como ataques contra Pueblos Indígenas.
El informe detalla un patrón creciente de represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, destacando que «la persecución de los opositores al Gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente».
El citado informe de la ONU, basado en 120 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, así como en reuniones con representantes de la sociedad civil y análisis de documentos oficiales y de ONG, cubre el periodo de 12 meses desde junio de 2023.
Entre los hallazgos más graves, se documentan al menos dos desapariciones forzadas y 12 casos de tortura y malos tratos en detención, incluyendo siete denuncias de violación, abuso sexual y descargas eléctricas, y tres casos de estrangulamiento de testículos.
Todas las víctimas mostraban signos de trastorno de estrés postraumático.
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ONU: Persecución y represión sistemática
Las autoridades nicaragüenses continúan persiguiendo a quienes expresan opiniones disidentes o actúan de forma independiente.
«Esto incluye personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales», señala el informe.
Además, se ha propuesto una ley para procesar a personas en el extranjero por delitos como lavado de dinero y terrorismo, generando preocupación por el posible uso de esta legislación para intimidar a nicaragüenses exiliados.
El informe resalta que, en mayo de 2024, 131 personas consideradas opositoras estaban bajo detención arbitraria, un aumento notable frente a las 54 personas detenidas en junio de 2023.
Casos específicos, como el de un hombre de 70 años detenido en Matagalpa por criticar al Gobierno y condenado sin garantías de un juicio justo, y un académico desaparecido tras criticar al régimen en redes sociales, ejemplifican la intensificación de la represión.
Ataques contra comunidades indígenas, destaca ONU
La ONU también ha documentado ataques contra Pueblos Indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe, con al menos dos asesinatos perpetrados por colonos que buscan controlar sus tierras.
«Los asesinatos y otros ataques violentos se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada», advierte el informe.
Además, se registraron restricciones a la libertad religiosa, con al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos detenidos arbitrariamente y la expulsión de 31 clérigos del país.
En un golpe severo a la sociedad civil, más de 5.000 organizaciones han sido disueltas desde 2018, incluyendo más de 1.700 sólo en agosto de 2024.
«Las autoridades han revocado la personalidad jurídica de numerosas organizaciones religiosas y ONG», destaca el informe, evidenciando una tendencia de cancelaciones arbitrarias.
Llamado urgente a la acción
El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, hizo un llamado al Gobierno de Nicaragua a «liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y poner fin a los actos de tortura y malos tratos».
Además, instó a las autoridades a restaurar la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, y a respetar plenamente el derecho a la participación política de cara a las elecciones de 2026.
«La crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno», afirmó Türk, subrayando la necesidad de crear un entorno seguro y libre para que los nicaragüenses puedan decidir el futuro de su país sin miedo a represalias