La dictadura Ortega-Murillo ordenó la eliminación 150 organizaciones sin fines de lucro, incuyendo la influyente Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y otras cámaras más.
AMCHAM operaba en Nicaragua desde hace 47 años y contaba con un gremio de aproximadamente 300 empresas nicaragüenses-estadounidenses.
Según su página web, su misión principal es la promoción del comercio y la inversión entre los Estados Unidos y Nicaragua a través del libre comercio, el libre mercado y la libre empresa.
AMCHAM fue clave para incluir a Nicaragua el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
Junto a AMCHAM, más cámaras
Junto a AMCHAM, el régimen Ortega-Murillo, considerada la peor dictadura de América y una de las más atroces del mundo, eliminó otras cámaras de comercio.
Entre ellas, empresas nicaragüenses aliadas de Alemania, España, Italia, Costa Rica y Centroamérica.
La dictadura arrasó con la cámara de empresas privadas de Zona Franca y con la federación centroamericana de restaurantes y negocios turísticos afines.
Esta última aglutinaba a cadenas de restaurantes y franquicias de comida rápidas internacionales.
De este modo, lo consignó la Gaceta Diario Oficial de este 22 de agosto, según acuerdo ministerial de María Amelia Coronel Kinloch.
Ella es la títere encargada de anular a la sociedad civil junto al esbirro Luis Cañas, ministra y viceministro del Interior, respectivamente.
El Ministerio del Interior de Nicaragua, brazo represivo del régimen contra la sociedad civil, justificó la medida alegando que las organizaciones afectadas no cumplieron con la obligación de presentar sus estados financieros durante periodos que oscilan entre uno y 35 años.
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Confiscación de AMCHAM y reto a EEUU
Además, como resultado, los bienes de las cámaras, empresas y asociaciones religiosas, benéficas y de otras índoles están confiscados.
Con ello, se abre un frente de disputa y tensiones con la empresa privada y Estados Unid0s, principal socio de AMCHAM.
La nueva ola de tierra arrasada contra organizaciones empresariales, empeora el clima de represión y comercio y se suma a la masiva anulación y expoliación de bienes de 1500 ONG.
No escapan a la guillotina organizaciones sociales, religiosas, civiles, empresariales, académicas, científicas, deportivas, sanitarias, humanistas y de todo tipo.
A la par del zarpazo contra cámaras, empresas y sus bienes, la dictadura publicó con caracter de ley sus planes extorsivos de obligar a las pocas ONG que sobreviven a aliarse con la dictadura.
Ley ofrece hasta cárcel a directivos de ONG
En la misma Gaceta, la mafia sandinista publicó las reformas a la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Cabe citar que dicha reforma la aprobaron en manada por los diputados a sueldo de la dictadura Ortega-Murillo, para acceder a los recursos de las ONG y obligarlas a financiar a las instituciones públicas.
La citada reforma, draconiana de principio a fin, elimina las exoneraciones fiscales de las organizaciones de caridad y humanitarias, clava impuestos a las iglesias y somete a control policial, bajo la ley de agentes extranjeros, a las ONG.
Eso implica la posibilidad de aplicar sanciones penales severas, confiscar, desterrar y quitar la nacionalidad a los miembros de organizaciones civiles, iglesias y receptores de fondos de donantes extranjeros.