El colegio administrado por las monjas de la Congregación Religiosa Madre del Divino Pastor en Diriamba, Carazo, será engullido por el Ministerio de Educación (Mined), confirmaron fuentes cercanas al centro educativo.
La notificación se hizo pública dos días después de que el régimen de Daniel Ortega cancelara la personería jurídica de esta organización religiosa.
La institución fue eliminada en un proceso arbitrario y corrupto que ha afectado a 1,500 ONG cuyos bienes fueron confiscados, según un acuerdo ministerial publicado el 19 de agosto en La Gaceta.
El Colegio Madre del Divino Pastor, con 93 años de historia, es uno de los tres centros educativos fundados por la congregación en Nicaragua, junto con los de Managua y Bluefields.
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Dolor entre familias de los estudiantes
Aunque se desconoce si estos últimos correrán la misma suerte, el caso de Diriamba refleja la profundización de la represión gubernamental contra las organizaciones cristianas.
En una reunión celebrada el 21 de agosto, las monjas informaron a las familias de los estudiantes que la administración será transferida a la dictadura.
Hubo llantos, dolor, ira, miedo y repulsión de las familias hacia la dictadura.
A pesar de la confiscación, las monjas aseguraron que no habrá cambios inmediatos en las tarifas, horarios ni en el personal docente, ya que la dictadura aún no han emitido nuevas directrices.
Expulsión irremediable de las monjas
Aunque las monjas de la congregación no han emitido declaraciones oficiales, se conoce que deberán abandonar las instalaciones, las cuales pasarán a ser propiedad del Estado.
Además, se informó extraoficialmente que la directora del colegio, Maritza Vargas, quien asumió el cargo en enero de 2023, fue impedida de regresar al país tras conocerse la orden de confiscación.
La toma del colegio ocurre en un contexto de creciente hostilidad hacia las organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica en Nicaragua.
Desde 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha intensificado su represión contra cualquier forma de oposición, incluyendo a las instituciones religiosas que han denunciado las violaciones a los derechos humanos en el país.
Atrocidades de la peor dictadura de América
La cancelación de la personería jurídica de cientos de ONG y la confiscación de sus bienes son parte de una estrategia más amplia para consolidar el control estatal y silenciar las voces disidentes.
La Iglesia Católica, en particular, ha sido objeto de ataques directos, con sacerdotes detenidos, iglesias clausuradas, y ahora, con instituciones educativas religiosas bajo amenaza de expropiación.
Este panorama represivo revela el afán del gobierno de Ortega por eliminar cualquier espacio de autonomía que pueda desafiar su poder, afectando tanto a la sociedad civil como a las comunidades religiosas en Nicaragua.