Una decisión satánica: a través de la derogación de una ley, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dispuesto eliminar las exenciones fiscales a las iglesias de cualquier denominación y gravar con impuestos las ofrendas, limosnas y diezmos que el pueblo cristiano dona a sus líderes.
La diabóloca decisión se aprobó cuando los diputados serviles a la dictadura ratificaron un paquete de reformas que no solo estableció un nuevo modelo de operación para las organizaciones sin fines de lucro, sino que también modificó la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822).
Así lo explicó un experto en impuestos al Diario La Prensa. En lo relacionado con la reforma a la Ley 822, la dictadura decretó suprimir el numeral 3 del artículo 32 de dicha ley, el cual protegía a las iglesias y otras entidades religiosas del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) por actividades económicas.
Quieren ahogar a las iglesias y matar de hambre a los católicos
Hasta antes de la modificación, el numeral 3 del artículo mencionado sobre exenciones subjetivas, estipulaba que estaban exentas del pago del IR:
«Las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinadas exclusivamente a fines religiosos».
Al quedar eliminado ese numeral de la Ley 822, según el especialista consultado por La Prensa, todas las iglesias de cualquier denominación quedarán sujetas al «terrorismo fiscal» que la dictadura ha impuesto sobre el sector privado y ahora también sobre las instituciones religiosas.
El especialista detalló que al quitarle la protección fiscal a las iglesias y a las entidades amparadas por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria, esto implicará que, al declarar sus ingresos, que incluyen ofrendas, diezmos, limosnas y otros flujos, estarán obligadas a pagar el IR, con tasas que varían entre el 10 y el 30 por ciento, dependiendo del ingreso anual que se declare.
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Infierno fiscal contra las iglesias
Antes, estos y otros ingresos considerados como «rentas provenientes de actividades» propias de la religión solo se reportaban ante el Fisco, pero no estaban sujetos al pago de impuestos.
Tras quitarles la exención a los grupos religiosos, ahora forman parte del régimen fiscal general y pagarán impuestos.
Incluso, los colegios religiosos que se constituyeron como fundaciones religiosas también estarán ahora sujetos al régimen tributario. «Viene un infierno fiscal para las iglesias,» advirtió el especialista.
Obligaciones anteriores de las iglesias
Hasta el momento, las iglesias y entidades religiosas solo estaban obligadas a cumplir las regulaciones establecidas en el artículo 33 de la Ley de Concertación Tributaria. Dichas regulaciones incluían:
- Realizar las retenciones correspondientes. Los contribuyentes que paguen a personas o empresas exentas debían informar mensualmente a la Administración Tributaria sobre los montos pagados y las retenciones no efectuadas.
- También estaban obligadas a pagar impuestos sobre las ganancias o renta que se generara de actividades económicas lucrativas con terceros en el mercado de bienes y servicios.
- Es decir, si una iglesia realizaba transacciones con otro sujeto gravable con fines lucrativos, la ganancia resultante estaba sujeta al pago de impuestos.
- Otra obligación de las iglesias y fundaciones religiosas era someterse a la fiscalización de la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Asuntos Aduaneros, según fuera el caso.
- Esto, aunque no pagaran impuestos sobre sus actividades y bienes religiosos.
- Asimismo, debían cumplir con obligaciones tributarias relacionadas con la inscripción, presentación de la declaración, efectuar retenciones, suministrar información sobre sus actividades con terceros, y cualquier otra que se determinara en el Código Tributario.
El analista indicó a La Prensa que el ajuste deberá confirmarse en La Gaceta para que entre en vigor y así se consume la nueva embestida de la dictadura contra las iglesias.
Ortega intensifica su guerra contra la Iglesia
De esta forma, Ortega intensifica su confrontación con la Iglesia, no solo católica, sino también evangélica. La eliminación del alivio fiscal ocurrió un día después de que la dictadura ordenara el cierre de 1,500 organizaciones sin fines de lucro, que incluyó iglesias evangélicas.
En total, fueron eliminadas 678 asociaciones religiosas de confesión católica y evangélica, entre ellas la cancelación de Cáritas de Granada. También fueron cerradas organizaciones de las iglesias Betel, Bautista, Ríos de Agua Viva y Príncipe de Paz, entre las más reconocidas.
En los últimos meses, algunas iglesias han denunciado que la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Alcaldía de Managua las han obligado a pagar impuestos.
En julio de 2023, el régimen también ordenó de forma ilegal el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a parroquias y templos evangélicos, a pesar de que el decreto ejecutivo número 3-95, aprobado el 31 de enero de 1995, incorporaba a las instituciones religiosas dentro del grupo exento de este gravamen.
Criminal y diabólico golpe contra la Iglesia
Las notificaciones de cobro de este impuesto fueron entregadas a varias iglesias evangélicas y católicas en la primera mitad de ese año, pero fue hasta el mes de julio cuando algunos religiosos se atrevieron a denunciar la ilegalidad bajo condición de anonimato, pero presentando las notificaciones municipales recibidas.
Tras conocerse la reforma aprobada ayer por la dictadura en la Asamblea Nacional, cuyo control del Estado es absoluto, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, se refirió al paquete de reformas como un «acto de solidaridad.»
Murillo, alias Jezabel, se limitó a ahondar sobre el control que la dictadura tomó sobre el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, al ordenarlas trabajar mediante un modelo de alianza con el Estado, y también les ordenó eliminar los beneficios fiscales.
«Hemos dicho en los últimos días que cada organización, de acuerdo a su naturaleza o campo de acción, solicita la suscripción de Alianzas de Asociación al Ministerio del Interior o a la Cancillería para ejecutar sus programas o proyectos, lo que pretendan ejecutar en el país, en el marco estipulado de respeto a las leyes de nuestro país y sobre todo sabiendo que su labor es de fraternidad y solidaridad, que por lo tanto, no hay otras consideraciones que puedan esgrimirse alrededor de sus funcionamientos, ni exoneraciones, ni tratamientos especiales, en términos fiscales».
Rosario «Jezabel» Murillo.