Los primeros 3,000 despidos de empleados públicos en 25 entidades del Estado por parte de la dictadura sandinista después del anuncio del plan de “reordenamiento, rediseño y validación del funcionamiento en instituciones y programas estatales”, han generado más estrés y pánico en los ministerios.
“La escoba” amenaza por igual a fieles al régimen y a quienes se han mantenido con “bajo perfil” por no compartir sus acciones.
“Hay pánico y zozobra entre los trabajadores y es a todos los niveles del aparato estatal”, dice un afín a la dictadura que pese a su credo político no se encuentra muy optimista. “Estamos fregados, todos por igual, traidores y compañeros de los buenos, nadie está a salvo”, admite.
En menos de dos semanas, Nicaragua ha registrado más de 3,000 despidos de empleados públicos en al menos 25 instituciones públicas, incluyendo alcaldías, según fuentes sindicales del oficialismo que denuncian «una purga brutal» desde el anonimato.
Las barridas han alcanzado a empleados protegidos por el fuero sindical y han afectado incluso a miembros de sindicatos «blancos», considerados cercanos al régimen.
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Reina la preocupación entre los empleados
Inés tiene 46 años. Es trabajadora de uno de los ministerios del Estado. Es madre soltera de dos hijos.
El mayor, Pablo de 16 años, está por graduarse y quiere ir a la universidad para estudiar Ingeniería en Sistemas.
Laura, de 14, cursa el tercero de secundaria. La madre dice que desde el anuncio de la reestructuración, se disparó “el pánico y la ansiedad” en su oficina. “No es fácil quedarse sin trabajo y con hijos esperando en casa”, se queja.
“A mí me ha generado un estrés que no tenés idea porque mis hijos no podrán ir a la universidad, si me quedo sin trabajo. Con lo que gano medio mantengo la casa, dos hijos y a mis padres que ya son ancianos y dependen de mí. Sin trabajo, no sé qué voy a hacer”, se pregunta esta que es una de miles de empleados públicos en Nicaragua.
A doña Alejandra, de 53 años, otra empleada estatal, le preocupa además del despido, su liquidación. “No la dan ahí no más y uno tiene deudas”, agrega.
Esta mujer es madre de cinco hijos, tres por finalizar la universidad. “El problema es que ni hay trabajo para ellos”, se lamenta.
“Mi esposo es profesor y sin este ingreso, lo pasaremos mal. Ahora yo estoy pronto a jubilarme, me afecta un despido ahora”, se queja.
“Estamos fregados. Para nada 21 años de trabajo en el Ministerio de Salud, Minsa. De liquidación van a dar una miseria, porque aquí nadie dijo nada cuando nos robaron a los trabajadores recortando los años de liquidación reconocida y ahora tampoco alguien dice nada, ¿Dónde están los sindicatos sandinistas? Estamos en indefensión total, no era este el sandinismo por el que tanto luchamos”, criticó José, otro empleado estatal de 51 años.
Despidos estatales “en un país sin empleos”
Don José no puede ocultar su coraje. De muy joven se integró a la lucha armada contra Somoza y pese al tiempo, nunca dejó de ser militante del Frente Sandinista, ni con los hechos ocurridos en 2018. En el Minsa, trabaja como técnico fisioterapeuta.
“Usted se imagina, yo buscando trabajo, ¿Quien me va a contratar con mis manos lisiadas de tanto trabajar con agua caliente y fría? Esperaba poder gozar de mi jubilación, ahora todos esos planes están en el aire. Esto está mal”, dice el padre de tres hijos, que pertenece a la gran masa de empleados públicos que depende del Estado.
“Es que no hay empleos. Ese es el problema de Nicaragua”, agrega Esperanza de 27 años.
Ella no tiene hijos, pero con su salario en el Ministerio de Educación, garantiza el cuido de su padre jubilado y enfermo crónico. Su madre falleció hace algunos años.
“Hay mucha zozobra con eso”, dice. “Yo no me puedo ir del país con un señor de 70 años, y si lo dejo, ¿Quién lo va a cuidar?”, se preguntó.
¿Y las liquidaciones a los empleados?
A Esperanza como a miles de trabajadores del Estado les preocupa le reforma que les imputó derechos adquiridos en sus liquidaciones a los trabajadores estatales.
“No vamos a ni a sacar ni para el pasaje. Cómo uno saldrá adelante, sin ese fondo. Hay gente que tienen una vida en oficinas y les darán una miseria, no es justo”, denunció.
La Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad contra los trabajadores del Estado, aprobada en noviembre del año pasado, representa ahora un duro golpe para los trabajadores que ahora se enfrentan a estos despidos.
Lo aprobado estableció que los trabajadores del Estado sólo tendrían derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio.
Si trabajaron entre tres y 10 años tendrán derecho a un mes de salario; si trabajaron de 10 a 15 años, 2 meses de salario; si laboraron de 15 a 20 años, 3 meses de salario; y solo de 20 años a más, sí recibirán los cinco salarios como antes decía la ley.
Cuando la medida se aprobó, los sindicatos callaron y entre dientes dieron a entender que la medida era contra “aquellos trabajadores traidores que querían renunciar” y dejar la deriva con la que camina el régimen.
“Está por verse esto porque no solo eso, hay gente que desde hace dos o tres años siguen esperando sus liquidaciones, que no se las dan por castigo político”, dijo una extrabajadora estatal que ahora vive de su trabajo por cuenta propia.
¿Cuántos empleados públicos corren peligro?
Durante sus primeros 14 años en el poder, la dictadura Ortega-Murillo expandió significativamente la planilla del Poder Ejecutivo en Nicaragua, aumentando el número de empleados públicos desde 39,140 en 2007 a 113,634 en 2021, según datos del Banco Central de Nicaragua.
Este crecimiento refleja la estrategia del gobierno sandinista de ampliar su base laboral en el sector público.
Sin embargo, desde 2022, el número de empleados públicos ha disminuido cada año.
Hasta junio de 2024, el promedio oficial de trabajadores en el Gobierno central era de 111,652, aunque cálculos independientes sugieren que la cifra real podría oscilar entre 170,000 y 200,000 si se incluyen los trabajadores de alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.