El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, GHREN, actualizó el 22 de julio, su informe en relación a la situación del país en el último año, concluyendo que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe actualizado hace énfasis en el aumento de la represión y la censura a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, de nacionalidad, de circulación y de propiedad.
Los expertos del GHREN documentaron el arresto, destierro y desnacionalización de sacerdotes, obispos y otros personajes destacados de la Iglesia Católica, así como el cierre de organizaciones ligadas a ella y confiscación de sus bienes y propiedades.
«Durante la Semana Santa de 2023, las manifestaciones católicas fueron prohibidas en todo el país», señalan.
«En total se prohibieron al menos 3,176 procesiones. Estas prohibiciones podrían haber afectado el ejercicio del derecho a la libertad de religión y otros derechos conexos de más de 3 millones de personas», dice el documento.
«Las prohibiciones gubernamentales de celebración de actos religiosos públicos y masivos y la criminalización por manifestar la pertenencia a una iglesia generaron temor en la población».
«Muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la policía y luego criminalizados», señalan.
«Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua en contra de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, opositores o percibidos como tales, objeto de este documento de sesión, se encuentran: la encarcelación, la tortura, la deportación y la persecución por motivos político».
Barbaries y tropelías perversas de Ortega y Murillo
Asimismo el GHREN señala el arresto, destierro y desnacionalización de periodistas y la prohibición para que muchos de ellos entraran al país, así como cierre y confiscación de medios de comunicación.
«El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que estas deportaciones también constituyen persecución como crimen de lesa humanidad», afirman los expertos.
En el caso de las confiscaciones masivas, el Grupo de expertos determinó que «no se realizaron en el marco de un procedimiento legalmente establecido y que las personas afectadas tampoco pudieron interponer un recurso y no se les ofreció una indemnización adecuada por la pérdida patrimonial».
Por tanto, consideran las confiscaciones arbitrarias o ilegales «al no haber cumplido con los estándares internacionales en la materia».
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Constituyen crímenes de lesa humanidad
Los expertos indican que los hallazgos permiten identificar a personas y grupos que cometieron abusos y violaciones graves de derechos humanos y que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
Por tanto, reconocen que tales acciones «dan lugar a la responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal o de conformidad con los tipos penales de la legislación nicaragüense».
«Algunas de estas violaciones y abusos constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos. La represión contra miembros de iglesias evangélicas demuestra que el espectro de los perfiles de víctimas ha pasado a ser aún más amplio, ya no solo abarcando a personas opositoras, adversarias y/o críticas, o percibidas como tales, sino también a personas vinculadas con grupos que tienen capacidad de movilización social autónoma, siendo esta capacidad una potencial fuente de riesgo al status quo que el Gobierno estableció en Nicaragua».
INFORME DEL GHREN
Es decir, que el documento de esta investigación puede servir como evidencia ante un posible juicio penal internacional que cualquier país desee iniciar en contra de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios como responsables directos de los mismos.