Voz de América. Desde la excarcelación de al menos 222 secuestrados políticos en Nicaragua con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la dictadura de Daniel Ortega ha elevado nuevamente las cifras de personas aprehendidas, según organismos de derechos humanos.

Yaritza Mairena, representante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) ha catalogado estas nuevas aprehensiones como «una estrategia denominada puerta giratoria» que consiste en encarcelar a nuevas figuras.

«La lista de presos políticos se ha triplicado desde febrero 2023. A la fecha son más de 100 detenidos», dice Mairena.

De estos, 108 son hombres, 23 mujeres y 18 de estas personas son adultas mayores.

Mientras, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) mantiene en su lista 3 casos de desaparición forzada que son: Brooklin Rivera, un exdiputado indígena; y los opositores al régimen de Daniel Ortega, Freddy Quezada y Carlos Bojorge.

«No se sabe si están vivos, su familia no ha obtenido información por parte del Estado», lamentó Mairena.

En la lista de los más de 100 secuestrados políticos se encuentra el periodista, Victor Ticay, condenado a más de 8 años de prisión por transmitir en su medio La Portada una actividad de la Iglesia católica.

De igual formaentre los secuestrados hay al menos 3 mujeres estudiantes detenidas, según la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses.

Secuestrados políticos nicaragüenses en condición delicada

Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, explica a la Voz de América que después de la liberación de 222 secuestrados políticos en febrero de 2022, el panorama de los actuales presos políticos ha «cambiado grandemente».

«Ha habido una baja en la demanda de la libertad de los presos políticos porque no son perfiles altos, como antes que eran precandidatos presidenciales o analistas», lamenta Valdivia.

Por esa razón considera que ha habido una presión de la comunidad internacional al respecto.

El miedo de los familiares

Valdivia menciona que por otro lado ha habido una disminución de los familiares de secuestrados políticos de denunciar la condición en la cual se encuentran sus parientes.

«Tienen muchísimo miedo a que se suspendan visitas a algunos de sus parientes», dice Valdivia.

Por su parte, Yaritza Mairena, de la UPPN, sentencia que en ese este nuevo panorama las «arbitrariedades» continúan y algunos reos «continuaron presentando problemas graves de hacinamiento».

«Las celdas, muchas veces sin ventilación adecuada, carecen de higiene y acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica», dijo Mairena.

La mayoría de secuestrados políticos nicaragüenses se encuentran divididos en dos grandes cárceles, La Esperanza, que es donde se encuentran las mujeres y el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, donde están los hombres.

«La calidad de la alimentación suministrada a los presos políticos es deficiente y poco nutritiva, lo que ha provocado casos de desnutrición. Si bien se reporta cierta mejora en la alimentación de algunas presas políticas mujeres la gran mayoría de las personas continúan sin acceso a alimentos sanos y nutritivos», denunció Mairena.

«Además, la atención médica es inadecuada y negligente, con muchos prisioneros sin acceso a medicinas esenciales y tratamientos para enfermedades crónicas». Lanzan campaña para visibilizar a secuestrados políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela

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