No hay límites para la voracidad confiscatoria de la dictadura de la familia Ortega-Murillo que azota a Nicaragua: en la semana que cierra confiscaron nuevas propiedades a desnacionalizados y desterrados políticos.
Este fin de semana esbirros de la sancionada policía al servicio del régimen, se tomaron una isleta propiedad del excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, según informaron a los medios fuentes cercanas a la familia desde el exterior de Nicaragua.
El islote es propiedad de la familia Chamorro García desde 1975 y pertenecía al ingeniero Xavier Chamorro Cardenal, ex director del periódico de origen sandinisa El Nuevo Diario, quien al fallecer el 4 de enero de 2008, la heredó a Juan Sebastián Chamorro.
La Procuraduría del régimen además ordenó la confiscación de nuevas propiedades del ex magistrado Rafael Solís Cerda, antiguo padrino de bodas de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo y durante décadas asesor legal en las aberraciones jurídicas del tirano y su corrupta familia.
Lea: Dictadura Ortega-Murillo anula 15 ONG más y sigue la confiscación
Voracidad sin límites de la familia Ortega-Murillo
Una casa que su madre tenía en San Juan del Sur, Rivas, fue declarada “escuela de hotelería” pública y puesta en uso para prácticas de estudiantes de turismo.
Otras propiedades de su familia también fueron eliminadas de sus registros de propiedad y están próximas a ser ocupadas, según denunció a La Prensa.
Esta semana también se confiscó una propiedad de la ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano y su esposo Julio Campos, ubicada en Laguna de Apoyo, en Masaya, donde funcionó un centro turístico.
En este caso, la confiscación ocurrió luego de declaraciones de Baltodano sobre la entrevista del general en retiro Humberto Ortega sobre su hermano el dictador Ortega.
Aparte, dos desterrados políticos de 2023 filtraron que propiedades de sus familiares fueron asaltadas y ocupadas por policías serviles de la dictadura, en la nueva ola confiscatoria que se desató esta semana.
Una investigación del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de la semana pasada, calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por la dictadura de Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo.
Familia Ortega-Murillo piñatera
El vetusto dictador justificó las confiscaciones alegando que eran recuperes de operaciones de lavado de dinero.
Ortega hizo estas declaraciones después que la investigación de OPTA de Hagamos Democracia revelara que el régimen se ha tomado al menos 135 propiedades con un valor estimado en 250 millones de dólares.
El dictador mintió diciendo que esas propiedades ya fueron declaradas del Estado y según él serán usadas “para beneficiar al pueblo”, aunque no dio a conocer un listado oficial de lo confiscado ni una cuantificación de las mismas, con los que vuelve a la discrecionalidad empleada durante los años 80 e inicios de los 90, cuando se calcula se apoderaron de más de 28 mil propiedades, incluyendo empresas y fincas.
Esas confiscaciones le costaron más de 3,000 millones de dólares en indemnizaciones al Estado de Nicaragua.
“En estos momentos han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero”, dijo el dictador ante un reducido grupo de fanáticos convocados para celebrar el 129 aniversario del bandolero Augusto C. Sandino, a quien la dictadura considera “héroe nacional”.
La propia familia Ortega-Murillo fue beneficiada con las confiscaciones, ya que habitan desde 1979 una residencia que confiscaron al ex empresario somocista Jaime Morales Carazo.