El Fondo Verde para el Clima canceló el acuerdo para financiar el proyecto “Bio Clima: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawás y Río San Juan” por incumplimientos con las políticas y procedimientos del Fondo Verde para el Clima.
La decisión despoja a la dictadura del costo total del proyecto que es de $116 millones 642 mil dólares.
El Fondo Verde para el Clima (FVC), es un elemento fundamental del histórico Acuerdo de París y es el mayor fondo mundial para el clima, cuyo mandato es apoyar a los países en desarrollo para que aumenten y hagan realidad sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional hacia vías bajas en emisiones y resilientes al clima.
Según una publicación en el sitio web oficial del Fondo Verde, en junio de 2021, el Mecanismo Independiente de Reparación (MRI) del Fondo Verde, recibió una denuncia que alegaba, entre otros, falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes e incumplimiento de la Entidad Acreditada, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con políticas y procedimientos del Fondo Verde. Posteriormente, se llevó a cabo una investigación de cumplimiento y presentó un Informe de revisión de a la Junta del Fondo Verde para su consideración.
“Se determinó que la propuesta de financiación del proyecto no cumplía con las políticas y procedimientos del Fondo Verde”, señala la publicación.
La denuncia de los pueblos indígenas señalaba, entre otros argumentos, que antes de la aprobación del proyecto, no hubo una divulgación adecuada de la información sobre el proyecto ni consultas con las comunidades indígenas, incluyendo la falta de consentimiento libre, previo e informada y que el proyecto conduciría a la degradación ambiental y a invasiones de territorios titulados a las comunidades indígenas y a ataques violentos por parte de colonos no indígenas armados.
Simulación de consultas
El 19 de septiembre de 2023, La Fundación del Río denunció que la dictadura sandinista inició un proceso de “simulación” de consultas para intentar desbloquear desembolsos multimillonarios del Fondo Verde del Clima, que depende de Naciones Unidas y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En una conferencia de prensa, Amaru Ruiz explicó que la simulación de consultas inició el 15 de agosto y que la misma estaba dirigida a 23 territorios indígenas que suman 140.716 personas y, sin embargo “se pretende cubrir en este proceso de supuesta consulta a solo el 4,6 % de la población”.
La dictadura presentó la actualización de requisitos para destrabar los recursos, incluyendo los resultados de la simulación de consultas que, según Fundación del Río, estuvo plagada de anomalías, entre estas, vigilancia y hostigamiento policial, militar y de paraestatales.
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“La Secretaría del Fondo Verde ha estado colaborando con el BCIE en este tema y está comprometida a trabajar en colaboración con la Entidad Acreditada y la Entidad Ejecutora para desarrollar una estrategia clara para concluir el proyecto de manera ordenada y responsable que incluya informar a todas las partes interesadas relevantes en el terreno y gestionar las expectativas de quienes habrían sido los beneficiarios si el proyecto se hubiera implementado”, añade la publicación del Fondo Verde.
Una decisión congruente
A criterio de la activista y defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Anexa Alfred, la decisión de la Secretaría del Fondo Verde es congruente con las anomalías de la dictadura y que la decisión también responde a la incidencia de organizaciones de la sociedad civil para frenar los desembolsos.
“Los pueblos indígenas y afrodescendientes activaron el mecanismo de queja y solicitaron apegarse a los estándares de derechos humanos para que se cumpliera este procedimiento. La decisión es congruente con los estándares internacionales sobre derechos indígenas y también es producto del arduo trabajo que han venido haciendo los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y en el exilio”, dijo Alfred a Café con Voz.
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Según Alfred, la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (Inana) denunció ante el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas, Francisco Cali Tzay, todas las anomalías que se llevaron a cabo en las consultas que fue contrario a los estándares internacionales.
Se cierran fuentes de financiamiento para la dictadura
Por su parte, el activista indígena Manuel Prado asegura que la incidencia internacional está logrando cerrar fuentes de financiamiento para la dictadura sandinista.
“La decisión de la Secretaría del proyecto Bioclima está demostrando que los espacios de apoyo económico a la dictadura se están cerrando y que las denuncias que se han hecho han tenido efecto”, dijo Manuel Prado a Café con Voz.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en su informe del pasado 28 de febrero, constató que los actos de violencia dirigidos contra miembros de comunidades Indígenas y afrodescendientes aumentaron significativamente a partir de 2018.
Según el informe, la dictadura atacó especialmente a líderes y activistas con poder de convocatoria o que eran particularmente vocales en sus críticas contra el régimen o en su defensa de los derechos territoriales y ambientales.