La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sigue convirtiendo a Nicaragua en una guarida para corruptos que huyen de la justicia de sus países. Tres ex gobernantes de la región centroamericana requeridos por las autoridades judiciales en sus países, son ahora protegidos por los delincuentes de Managua señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.
El expresidente de Panamá (2009-2014) y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, se convirtió este miércoles en el tercer ex jefe de Estado en solicitar asilo en la Nicaragua gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007.
Martinelli, de 71 años y que se dice un perseguido político, se une así a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos considerados prófugos de la Justicia salvadoreña y a quienes, tras concedérseles el asilo, les fue otorgada la nacionalidad nicaragüense.
Martinelli solicitó el asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y le fue concedido de forma expedida por el Gobierno de Ortega, en tanto Funes y Sánchez Cerén lo hicieron en territorio nicaragüense.
Funes solicitó asilo político al Gobierno sandinista el 1 de septiembre de 2016 y, un día después, este le brindó una respuesta positiva.
El asilo político también fue extendido a la compañera de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de acuerdo con la información oficial nicaragüense.
Tres años después, el Gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Funes, quien es acusado en su país por supuesta malversación de más de 351 millones de dólares. Dictadores retiran a Francisco Campbell de embajada en Washington ¿Quién en su lugar?