Nicaragua alcanzó la cifra de 119 personas reconocidas como presas políticas hasta el 31 de diciembre de 2023, incluyendo a 19 mujeres, 100 hombres y diez presos políticos detenidos previo a 2018, según un informe del Mecanismo para el seguimiento de las personas presas políticas.
El informe abarca la ola de detenciones contra sacerdotes católicos que desató la dictadura a partir del 20 de diciembre de 2023.
Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre 2023 se registraron 43 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, de las cuales 13 fueron liberadas y al menos unas 30 personas se estima que continúan en cárcel.
Para el mes de octubre, el número de personas consideradas como presas políticas ascendía a 91. En el período abordado de este informe fue liberada una persona que formaba parte la lista. Así mismo, se sumaron 29 individuos que el Mecanismo reconoció como detenidos por razones políticas en el período del 1ro. de noviembre al 31 de diciembre 2023, lo que eleva el total de personas presas por motivos políticos a 119
Aumenta a 16 la cifra de personas adultas mayores que se encuentran privadas de libertad y en condiciones inhumanas, sin que se les respeten sus derechos humanos.
El informe destaca que la persecución en contra de la Iglesia Católica y la feligresía persiste, extendiéndose también a la comunidad evangélica. Desde la prohibición de actividades religiosas de cualquier tipo hasta hostigamientos, amenazas e incluso el destierro de sacerdotes, negándoles el regreso a su propio país.
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Después de liberar en octubre 2023 a 12 sacerdotes que estaban detenidos de manera arbitraria y haberlos desterrado a Roma, en un lapso de dos meses, se ha encarcelado al menos a 14 sacerdotes, obligando a otros a huir del país o buscar refugio seguro.
El pasado 20 de diciembre, se intensificó la represión contra los sacerdotes y feligresía, aumentando las denuncias por amenazas, hostigamientos y detenciones exprés. Posteriormente se liberó a dos sacerdotes, aunque se mantienen bajo vigilancia de parte de la policía nacional.
Además, algunas parroquias se han visto obligadas a cerrar temporalmente por temor a represalias y a más detenciones. Estas comunidades religiosas también están siendo vigiladas y controladas por agentes policiales.