La Compañía de Jesús, a través de la Provincia Centroamericana, se pronunció ante el cierre de la orden en Nicaragua por parte de la dictadura sandinista y aseguró que esta busca la constitución de un régimen totalitario.
La Provincia de Centroamérica condenó esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua.
“La considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como “crímenes de lesa humanidad” por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas”, refirió.
“Confirma que todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario”, señaló.
Además, responsabilizó a la dictadura por destruir la independencia de los poderes del Estado.
“Responsabiliza al Presidente y a la Vicepresidenta actual de Nicaragua por estar, por lo menos, cohonestado estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”, añadió.
Finalmente, exigieron el cese a la represión, que la dictadura acepte busca una solución, la libertad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos.
Gobernación cierra Compañía de Jesús de un plumazo
El Ministerio de Gobernación, al servicio de la dictadura sandinista, canceló la personería jurídica de la Compañía de Jesús y ordenó incautar todos sus bienes, pese a que ya lo había dispuesto de facto desde el pasado fin de semana, cuando expulsó de su residencia a los religiosos en Managua.
Gobernación acusa a la Compañía de Jesús por incumplir al no reportar Estados Financieros entre 2020 y 2022 y contar con una junta directiva vencida.
Leer además: Muere en «accidente» aereo Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner
Gobernación determinó en la publicación de La Gaceta Diario oficial de este miércoles, que el destino de los bienes inmuebles pasarán a nombre del Estado.
«Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua», señala el acuerdo ministerial de Gobernación.
El 18 de agosto, la dictadura oficializó la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA a través de la publicación de una resolución del Ministerio de Gobernación en La Gaceta, Diario Oficial.