El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, señaló que en Nicaragua existe un sistemático irrespeto a los derechos humanos y se pronunció ante el destierro y despojo de la nacionalidad de los 222 exsecuestrados políticos que la dictadura sandinista expulsó a Estados Unidos.
Chaves participa de la VI Cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (AAD) en Quito, Ecuador, donde dedicó unas palabras a lo que ocurre en el vecino país.
“Como si contempláramos un infame retrato de la América Latina de los 80, hoy somos testigos avergonzados del sistemático irrespeto a los derechos humanos en la hermana República de Nicaragua y del despojo de la ciudadanía a los 222 presos políticos que fueron liberados el pasado 9 de febrero”, dijo Chaves.
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Asimismo, mencionó que la Alianza debe hacer escuchar su “voz inclaudicable” al lado de la democracia y el “respeto a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.
Chaves hizo un llamado a la ADD para que, como bloque, inste a la dictadura a que revierta esas acciones y convoque a elecciones “libres, justas y transparentes”.
La ADD, recién creada en el 2020, está integrada por República Dominicana, Costa Rica, Panamá y recientemente se incorporó Ecuador.
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El 5 de febrero, la dictadura expulsó a 222 secuestrados políticos a Estados Unidos a los que posteriormente despojó de su nacionalidad. De igual manera, arrebató la nacionalidad a otras 94 personas el pasado 15 de febrero.
Este 6 de marzo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó oficialmente el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que subrayaron que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad en los que han participado las instituciones del Estado con el objetivo de eliminar cualquier indicio de oposición.
“El Estado de Nicaragua ha incumplido su obligación de impedir las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe, y de garantizar recursos accesibles y eficaces a las víctimas cuando éstos se hayan cometido. El Estado también ha incumplido su obligación de investigar dichas violaciones, abusos y crímenes, y de sancionar a las y los responsables”, señala parte del informe que acusa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de ser los máximos responsables.