El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó oficialmente el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que subrayaron que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad en los que han participado las instituciones del Estado con el objetivo de eliminar cualquier indicio de oposición.

“El Estado de Nicaragua ha incumplido su obligación de impedir las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe, y de garantizar recursos accesibles y eficaces a las víctimas cuando éstos se hayan cometido. El Estado también ha incumplido su obligación de investigar dichas violaciones, abusos y crímenes, y de sancionar a las y los responsables”, señala parte del informe que acusa a Daniel Ortega y Rosario Murillo de ser los máximos responsables.

El informe expone que el Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles participaron en conductas violatorias de los derechos humanos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, deportación forzosa, y persecución por motivos políticos.

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El Grupo de Expertos investigó 102 casos de graves violaciones y abusos a los derechos civiles y políticos, e identificó los principales patrones, permitiendo constatar que la dictadura respondió a las expresiones de descontento social con medidas represivas crecientemente articuladas.

“Dichas vulneraciones fueron cometidas como parte de un plan o política impulsada por las máximas autoridades del Estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso”, señala.

Dictadura negó colaboración

El Grupo de Expertos reiteró que intentó comunicarse con la dictadura, pero que hasta el momento no ha habido respuestas.

Sin embargo, en un video, la Procuradora de Nicaragua, Wendy Morales, reiteró que la dictadura no acepta el informe presentado por el Grupo de Expertos.

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“No aceptamos reporte alguno del unilateralmente llamado Grupo de Expertos por ser subjetivos y contrarios a los intereses supremos de nuestro país en la búsqueda del buen vivir. No permitiremos que estos reportes malintencionados continúen descalificando y denigrando a nuestras autoridades, instituciones y nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Morales.

La disposición de la dictadura significó limitaciones para el equipo de investigación.

“Dada la complejidad de los hechos, las limitaciones de tiempo y la falta de acceso al país, el GHREN no pudo abordar todos los hechos y presuntas violaciones y abusos a los derechos humanos reportados. En particular, el GHREN considera importante profundizar en la investigación de las violaciones y abusos cometidos contra pueblos indígenas y personas campesinas”, consideran.

Posterior a la presentación de los principales hallazgos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile expresaron su condena a la dictadura de Daniel Ortega.

“Tememos que esta conducta pueda conducir a una crisis aun mayor en la región”, señalaron en una declaración conjunta.

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